Hace dos meses el presidente Alberto Fernández se deshizo en elogios para el dirigente camionero Hugo Moyano, al calificarlo de “dirigente gremial ejemplar" y recomendarle a sus hijos: “Nunca cedan, sean como él”. Había sido en abril cuando se inauguraba por tercera vez el Sanatorio Antártida del Sindicato de Choferes de Camiones, cuyo directorio encabezan la esposa e hijos del sindicalista que afronta cinco causas penales por evasión impositiva, lavado de dinero y medicamentos adulterados, entre otras.

Ayer, el gobierno de Fernández le dio otra buena nueva a Moyano: se le perdonó una multa de 810 millones de pesos dispuesta durante la gestión anterior por incumplimiento de la conciliación obligatoria impuesta por el Ministerio de Trabajo, en el contexto de conflictos en reclamo del pago de un bono salarial. 

El Ministerio de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, dictó la “total nulidad” del sumario generado por la cartera al mando de Jorge Triaca. 

La multa establecía una penalización de $4430 por cada uno de los 182.797 trabajadores afiliados al sindicato de Moyano; es decir $809.790.710. La sanción se había dispuesto en el marco de la ley 25.212, que impide medidas de fuerza por parte de un sindicato durante el plazo que fija una conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral.   

Moyano nunca pagó la multa e inició una presentación en la cartera laboral para quejarse de la medida al considerarla “arbitraria”. Lo logró.