El gremio de docentes universitarios de la UNCuyo, nucleado en Fadiunc, inició este lunes un paro de una semana, en el marco de un reclamo nacional impulsado por la Conadu Histórica. Exigen el "descongelamiento" salarial, la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario -promulgada pero aún sin ejecución- y rechazan la reforma laboral que prepara el Gobierno nacional.

Yamila Nazrala, secretaria adjunta de Fadiunc, explicó que la pérdida salarial del sector ronda entre 45% y 50%. "La ley obliga a convocar a paritaria con un piso del 40% retroactivo a diciembre de 2023 y no se cumple", afirmó.

La dirigente adelantó que el gremio evalúa una presentación judicial para exigir la aplicación de la normativa y también la creación de un fondo de huelga, ya que denuncian que la UNCuyo es la única universidad del país que descuenta los días de paro. "Tenemos compañeros muy afectados; con salarios bajos, si te recortan, se complica", sostuvo.

Desde Fadiunc remarcaron que "el conflicto no está cerrado mientras el aumento continúe congelado y los salarios sigan por debajo de la línea de pobreza".

El contexto nacional

En agosto, el Ministerio de Capital Humano anunció un aumento del 7,5% para docentes y no docentes de universidades nacionales entre septiembre y noviembre, además de una suma fija de $25.000 por cargo.
Según el Gobierno, entre enero de 2024 y mayo de 2025 el incremento salarial acumulado fue del 111%, aunque los gremios lo consideran insuficiente frente a la inflación.

El Ejecutivo también destacó fondos adicionales para los hospitales universitarios, con un aumento del 246% en 2024, y una partida especial de $33.000 millones para los de la UBA.

Judicialización por la Ley de Financiamiento

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -del que participa la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez- ya había anticipado que recurrirá a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplia mayoría en el Congreso.

La norma establece la actualización automática de los gastos de funcionamiento cada dos meses, según la inflación del INDEC. Sin embargo, aunque fue promulgada tras el veto presidencial, su aplicación quedó suspendida por decisión del Ejecutivo hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.

Según cálculos oficiales, implementarla de manera plena implicaría un gasto total de $1,06 billones en 2025 y $2 billones en 2026.