El Gobierno nacional cerrará el INAL y flexibilizará el ingreso de productos importados con una declaración jurada. Además, planteó a los empresarios la intención de eliminar los sellos negros.
El Gobierno nacional avanza en un profundo plan de desregulación del mercado alimenticio mediante el cierre del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y la flexibilización de los controles para la importación.
La medida, oficializada por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 697/2026, busca eliminar lo que la gestión considera una duplicación de trámites para agilizar el ingreso de productos extranjeros al país.
Con el nuevo marco normativo, los importadores podrán comercializar alimentos presentando una declaración jurada y el certificado de origen emitido en el país de procedencia. A la par, las funciones del Senasa migrarán a la órbita de Economía y se habilitará a laboratorios privados homologados para realizar ensayos de inocuidad bromatológica. Asimismo, la carnetización para manipuladores de alimentos pasará a ser de carácter permanente, eliminando la renovación bienal.
La reestructuración del sector industrial contempla además la adaptación a estándares internacionales, como la reducción del contenido de azúcar en conservas y la modificación en los gramajes de envases tradicionales. Sin embargo, el punto de mayor controversia con las cámaras empresariales como COPAL radica en la propuesta oficial para derogar la Ley de Etiquetado Frontal.
Desde el Ejecutivo consideran que la eliminación de los octógonos negros simplificará el comercio interior y unificará criterios de empaquetado con la región. Mientras tanto, representantes de las economías regionales analizan el impacto de la apertura importadora en el consumo masivo local.