Mendoza, de de
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El Gobierno asegura que hay infraestructura, pero los trabajadores advierten falta de preparación
Mendoza transita la cuenta regresiva para la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil a partir del próximo 5 de septiembre. La Ley 27.801 bajará la edad de imputabilidad a los 14 años y ampliará los delitos bajo la órbita de la Justicia Penal Juvenil. Ante este escenario, las autoridades prevén un aumento progresivo del 30% en la cantidad de causas y alojados en la provincia.
Actualmente, el sistema aborda a 416 jóvenes en conflicto con la ley penal, de los cuales 47 permanecen privados de la libertad en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) y 369 cumplen medidas alternativas en libertad. Sin embargo, los datos oficiales revelan que entre 2018 y 2025 se registraron 322 menores de 16 años imputables bajo la nueva norma, un universo que hasta ahora no ingresaba al fuero penal.
Desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE aseguraron que la infraestructura actual de la DRPJ tiene margen para absorber la demanda. Según indicaron, la institución cuenta con entre 80 y 85 plazas disponibles para albergar a la población actual de 47 adolescentes, divididos en sectores según conducta, procesos judiciales y género.
Además, desde el Ejecutivo provincial señalaron que durante los últimos dos años se ejecutaron obras edilicias para optimizar las instalaciones. De acuerdo con el diagnóstico oficial, la capacidad instalada permitiría incluso duplicar la cantidad actual de jóvenes privados de la libertad sin generar un colapso en el servicio.
A pesar del optimismo del Gobierno, trabajadores del sistema penal juvenil expresaron su preocupación y aseguraron que jueces, fiscales, defensores y operadores no han sido consultados para la planificación. Una de las mayores dudas radica en cómo se convivirá con la llegada de adolescentes de 14 y 15 años y cómo se concretará la separación entre procesados y condenados.
A la incertidumbre presupuestaria y logística se le suma una marcada interna directiva en el ex Cose. Empleados del lugar denunciaron órdenes contrapuestas entre las autoridades debido a licencias y disputas de poder en la conducción, lo que genera confusión entre el personal a menos de un mes de la implementación del nuevo régimen.
