Mendoza, de de
Mendoza, de de
Proyectan una primera etapa de 250 casas junto al IPV y alternativas de financiamiento a largo plazo.
El Gobierno provincial promulgó este martes la Ley 9.725, una norma clave que busca facilitar el acceso a la casa propia para los trabajadores de la educación en Mendoza. La legislación modifica las funciones del Fondo Escolar Permanente de la Dirección General de Escuelas (DGE), habilitándolo a funcionar como garantía, caución o respaldo ante entidades financieras para el otorgamiento de créditos habitacionales.
Si bien el dinero del fondo no se destina a la compra o construcción directa, servirá como aval bancario para destrabar el otorgamiento de préstamos hipotecarios. Este mecanismo complementará un plan proyectado junto al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), cuya primera etapa prevé 250 casas de dos dormitorios en departamentos como Guaymallén, Ciudad, San Rafael, Godoy Cruz y Junín.
Bajo la modalidad que se reglamentará, el docente aportará un 20% inicial del valor de la unidad y el 80% restante podrá financiarse hasta en 30 años con el respaldo de la DGE. Para robustecer el sistema, la ley también amplió las fuentes de financiamiento del Fondo Escolar mediante la subasta y alquiler de inmuebles de la repartición, protegiendo al mismo tiempo un saldo mínimo operativo para no afectar el servicio educativo.
Para que el programa entre en vigencia resta que el Ejecutivo reglamente la norma y se abra la inscripción formal para los postulantes. En paralelo, el gremio SUTE avanza en acuerdos con municipios como Maipú, Lavalle y Rivadavia para facilitar el acceso a unos 1.000 lotes urbanizados en cuotas, atacando de manera conjunta la problemática del acceso a la tierra y a la vivienda en la provincia.
