La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el planteo de los hijos de Cristina Kirchner, que buscaba frenar el embargo preventivo sobre bienes vinculados a la causa Vialidad.
La Justicia rechazó este viernes un recurso presentado por Máximo y Florencia Kirchner contra los decomisos en la causa Vialidad, entre ellos el que recae sobre el departamento de San José 1111, donde se encuentra cumpliendo condena la expresidenta Cristina Kirchner.
La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible la solicitud de los hijos que buscaba frenar el embargo preventivo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N°2 de 13 inmuebles pertenecientes a Los Sauces S.A y Hotesur S.A, sociedades que tienen como accionistas a Máximo y Florencia Kirchner.
En el fallo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña consideraron que la resolución impugnada "no constituye sentencia definitiva ni una decisión que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones".
También enfatizaron que "no se ha logrado demostrar fundadamente, ni se advierte del estudio del legajo, que se encuentre involucrada alguna cuestión de índole federal que habilite la intervención de este Tribunal".
Por su parte, el juez Mariano Borinsky marcó su disidencia y remarcó que el recurso presentado por los Máximo y Florencia "resulta procedente" y correspondía analizar los agravios.
Esta medida llega luego de que la misma Cámara rechazó un recurso similar presentado por la defensa de Cristina Kirchner, en el que acusaba que la medida del TOF N°2 "resulta equiparable a sentencia definitiva", ya que podría llevar a la privación definitiva y el desapoderamiento de los bienes.
El tribunal había ordenado el embargo preventivo de bienes por un total de $684.990.350.139,86 para "preservarlos" hasta que se resuelva su decomiso definitivo, como parte de las medidas adoptadas tras la condena en la causa Vialidad.
Entre los argumentos, el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner cuestionó que los embargos no fijaron un monto y alegó que afectan el giro comercial de las compañías.
Además, planteó que Los Sauces y Hotesur tienen personalidad jurídica y patrimonio propios y que los hijos de la expresidenta no fueron condenados en este expediente. También advirtió que se "afecta el derecho de propiedad" y existe gravedad institucional.