Alberto Nisman, el fiscal que investigaba el atentado a la AMIA, fue encontrado muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015. Mañana se cumplirán seis años del hallazgo de aquel cadáver. La Justicia investiga su fallecimiento como un crimen, pero aún no hay responsables. 

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Su muerte potenció el clima político que se había desatado cuatro días antes, cuando el fiscal había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a funcionarios de su gobierno por un presunto encubrimiento de los acusados del atentado a partir de la firma del memorándum del entendimiento con Irán. El lunes 19, a Nisman lo esperaban en el Congreso para dar cuenta de esa denuncia.

El juez federal Julián Ercolini procesó a fines de 2017 a Diego Lagomarsino, el perito tecnológico que trabaja para Nisman, como partícipe necesario del delito de homicidio. Lagomarsino fue quien le llevó la noche del sábado 17 de enero de 2015 al fiscal una pistola Bersa calibre 22. De esa arma salió el tiro que terminó con su vida. También fueron procesados por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público los cuatro custodios de la Policía Federal que tenía Nisman.

Lagomarsino fue una de las últimas personas que vio con vida a Nisman y siempre expresó su inocencia: dijo públicamente y en la Justicia que llevó el arma por pedido del fiscal. Según aseguró, Nisman le había dicho que temía que “algún loquito” lo agrediera y quería estar protegido. 

Como para la Justicia se trató de un crimen, la investigación está hoy centrada en una tarea que a seis años todavía no arrojó resultados: dar con los autores materiales e intelectuales. Para eso el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la causa, realiza desde hace tres años un entrecruzamiento de llamados de personas de la inteligencia, la política y las fuerzas de seguridad. 

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Ya tiene un primer informe que concluyó que el fin de semana de la muerte de Nisman hubo una explosión de llamados inusual entre el mundo de la inteligencia y la política.

A seis años de la muerte de Nisman la causa judicial busca desentrañar una explosión de llamadas telefónicas entre agentes de inteligencia, jefes de la AFI y funcionarios políticos que se dieron ese fin de semana y que antes no había ocurrido ni volvería a pasar. 

El objetivo es buscar pruebas que den con los autores materiales e intelectuales que sostengan la hipótesis de homicidio. Una tarea que los investigadores confiesan difícil.