La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso este jueves el archivo parcial de una parte de la causa conocida como "vacunatorio VIP", pero esto no significa que cambie la situación de ninguno de los funcionarios implicados. De hecho, la magistrada llamó a prestar testimonio a varios de los vacunados, con el fin de que aclaren cómo recibieron las dosis contra la COVID-19.

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Entre los casos que continúan en proceso y bajo investigación están las vacunaciones en El Calafate, la de dos hijas del ex presidente interino Eduardo Duhalde y la de los padres de la ministra de Salud, Carla Vizotti, ambos médicos y mayores de 70 años de edad. También se encuentra el caso del ex ministro de Salud Ginés González García, que sigue sujeto a la investigación.

María Eugenia Capuchetti, jueza federal.

De los 70 casos iniciales de personas que fueron vacunadas contra el COVID-19, 65 fueron inicialmente descartados como delitos.

Se trata de casos "prioritarios" (mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégicos y personas de 18 a 59 con enfermedades previas), sobre las cuales "no existía ni existe un orden normativo de prelación", pues el Ministerio de Salud "expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea".

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La jueza estableció la formación de un nuevo legajo de investigación con un listado de unas 300 personas aportado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

En el mismo contexto, el fallo dispone "determinar si existió un desvío de 60 dosis pertenecientes al Hospital Nacional Posadas que habrían sido transportadas hacia la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas".