El Gobierno nacional estableció el regreso al trabajo presencial de los trabajadores públicos que hayan recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y también de aquellos que tengan decidido no inmunizarse. De la medida están exceptuados las embarazadas, las personas con inmunodeficiencias y los pacientes oncológicos y trasplantados.

Leé más: Fin de semana largo: se movilizaron casi 715 mil turistas

A través de la Resolución 91/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial, la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Gabriela Castellani, precisó que "serán convocables al retorno a la actividad laboral presencial los trabajadores que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 autorizadas para su uso en la REPÚBLICA ARGENTINA, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación".

Cada área de Recursos Humanos "deberá solicitar a los convocados el Certificado de Vacunación, al cual podrán acceder desde la aplicación Mi Argentina".

Sin embargo, "aquellos que hayan optado por no inocularse, deberán actuar de buena fe, dirigiéndose al Departamento de Sanidad (o su equivalente en cada organismo), a fin de obtener información sobre la vacuna en cuestión".

"De continuar con la decisión de no vacunarse, deberán firmar una nota con carácter de Declaración Jurada, expresando los motivos de su decisión y comprometiéndose a tomar todos los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo al cual pertenece, debiendo ser convocados a la prestación presencial de labores", remarcó el texto difundido.

El regreso a las oficinas deberá ser informado por los superiores "por lo menos 72 horas hábiles antes de su efectivo cumplimiento". La medida se llevará a cabo a partir del primero de septiembre luego de la "adecuación del protocolo general a las especificidades de cada lugar de trabajo".

De la medida están exceptuados las embarazadas, las personas con inmunodeficiencias y los pacientes oncológicos y trasplantados.

La resolución de la Jefatura de Gabinete señaló que cuando sea necesaria la alternancia de la modalidad presencial para poder cumplir con el protocolo vigente en cada área estará justificado el trabajo remoto.

Leé más: Alberto, a los gritos: "El único responsable soy yo"

Al momento de establecer los períodos de alternancia entre presencialidad y trabajo remoto, deberán contemplarse las situaciones de las madres, padres, encargados o tutores de niñas y niños de hasta 13 años inclusive, que asistan alternadamente a los establecimientos educativos.

Asimismo, se indicó que el trabajo remoto podrá disponerse "a tiempo parcial": "La prestación de servicios de carácter presencial a tiempo parcial no podrá disponerse por fracciones inferiores al 50% de la jornada normal, habitual y permanente dispuesta para la categoría de revista de cada agente".

También se fijó que los empleados no podrán realizar sus tareas a distancia desde domicilios que superen los 100 kilómetros del lugar de residencia declarados en sus legajos.

Los trabajadores estatales que cumplan con la presencialidad requerida "serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicables", advirtió el Gobierno.