La Justicia de San Luis excarceló el martes a dos jefes policiales que habían sido procesados y detenidos hacía cinco días por la muerte de Florencia Magalí Morales, la mujer de 39 años que en 2020 apareció ahorcada en una comisaría de esa provincia, en un hecho que su familia denuncia como femicidio.

Leé más: Crimen de Lucas González: realizaron la reconstrucción

Fuentes judiciales informaron a Télam que la resolución del juez penal Jorge Pinto benefició a Marcos Ontiveros y Heraldo Clavero, quienes estaban a cargo de la seccional de Santa Rosa de la Conlara, ubicada a 200 kilómetros de la capital puntana.

El jueves pasado, ambos policías fueron procesados con prisión preventiva por "aplicación de vejaciones y severidades en el desempeño de la función, incumplimiento de funcionario público e incomunicación ilegal".

En ese fallo, el mismo juez Pinto dictó el procesamiento de otras dos oficiales que estaban de guardia en la misma seccional al momento del hecho pero por delitos más leves como "omisión de cumplir con los deberes propios del oficio" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

A su vez, los dos policías detenidos nunca fueron trasladados a la Penitenciaría Provincial sino que permanecieron alojados hasta hoy en la alcaldía de la localidad de Concarán, localidad donde está radicado el proceso judicial.

Enterados de la medida, los familiares de Morales, que viven en Mendoza, dijeron a Télam irónicamente que estaban "esperando otra vergonzosa medida" de la justicia de San Luis que, según ellos, quiere "proteger" a los efectivos implicados.

Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Santiago Calderón Salomón, recordó que si bien los policías argumentaron que la mujer se suicidó los resultados de los peritajes posteriores indicaron que Morales murió como consecuencia de una "asfixia por estrangulamiento", por lo que se confirma el femicidio.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es parte del caso, y en una presentación en la Justicia enumeró pruebas que constan en el expediente que hacen presumir la hipótesis de la familia.

Los hechos investigados se produjeron la mañana del 5 de abril de 2020, cuando Morales se retiró de su domicilio en bicicleta, en Santa Rosa de la Conlara, lo que quedó registrado por las cámaras de video de un banco y corroborado por testigos.

A metros de la seccional, Morales fue interceptada por el subcomisario Clavero, quien le indicó que debía ingresar a la comisaría, lo que la mujer hizo tras dejar su bicicleta en la calle.

De los elementos reunidos surgió que en la dependencia se ordenó que la mujer quedara detenida, incomunicada y alojada en una celda por violación al ASPO, pese a que no existió orden, al menos escrita, de ninguna autoridad judicial.

Una vez reducida y privada de su libertad, Morales fue llevada al Hospital de Santa Rosa del Conlara para que la revisara un médico de turno, quien constató que no presentaba las lesiones en los brazos y otros sectores del cuerpo que se detectaron luego, cuando fue hallada ahorcada.

Leé más: Pase sanitario: "Lo único que queremos es salvar vidas"

En base a dichos de testigos y de algunos policías, nuevamente en la seccional, Morales gritó, golpeó puertas y pidió ser liberada para cuidar a sus hijos que habían quedado solos en su casa.

Finalmente, fue hallada muerta por asfixia, con un cordón alrededor del cuello, en una celda que, según los propios policías de la dependencia, no estaba en condiciones de ser utilizada.

Si bien en un primer momento se investigó como un posible suicidio, luego los peritajes confirmaron la asfixia por estrangulamiento, tras lo cual, la familia de la víctima solicitó que el caso se caratule como un "femicidio", aunque el requerimiento fue rechazado por la justicia, decisión que será apelada.