La familia de un acaudalado empresario que murió tras sufrir un accidente cerebro vascular (ACV), denunció que su histórico apoderado y hombre de confianza le sustrajo más de 30 propiedades mientras estaba en coma y las vendió a precios irrisorios a familiares y amigos.

Se trata de Luis Vázquez, un inversor inmobiliario con propiedades en Ezeiza y Canning, quien murió en agosto de 2017 a los 80 años de edad. Sus herederos, un primo y sus hijos, reclamaron la herencia pero se encontraron con que el apoderado de Vázquez vendió en dos meses unas 30 propiedades valuadas en su conjunto en unos 14 millones de dólares.

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La causa, que está radicada en los tribunales penales de Lomas de Zamora, se aproxima a su extinción por prescripción, lo que -según los familiares- consolidaría una maniobra para desapoderar a Vázquez de sus bienes.

Los familiares de Vázquez apuntan un hombre de extrema confianza durante su vida activa, a quien en 2009 -cuando estaba en plenitud- le otorgó un poder amplio.

La acusación que llegó ante el juez Gustavo Caig habla de que ese poder "caducó por su incapacidad sobreviniente" y que esa situación era conocida por el apoderado y sus familiares y amigos que figuran como compradores de las propiedades, entre ellas la propia casa en la que vivía el empresario, en Ezeiza.

Entre los supuestos compradores figuran la abogada que trabajaba con el empresario, una socia de ésta, una hermana del apoderado, su concubina y los tíos de la concubina. Las propiedades supuestamente vendidas son dos inmuebles por cien mil pesos cada uno, un lote por 150 mil y una vivienda cuyo precio de mercado ronda los dos millones y medio de dólares pero por la que se pagaron un millón y medio de pesos.

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Según la denuncia, ninguno de los que figuran como compradores de las propiedades tiene capacidad económica para siquiera pagar esos ventajosos precios que figuran en los boletos de compra y venta y las escrituras.

Uno de los compradores percibe la Asignación Universal por Hijo y otro tiene como único ingreso el sueldo que percibe como cajero de un supermercado.

"Todas las operaciones fueron realizadas a un precio irrisorio que apenas representa el 5,26 por ciento de su valor real. En algunos casos el precio de venta llegó a ser hasta el 7.424 por ciento inferior al valor de plaza", sostiene la denuncia.

La sucesión de operaciones comenzó seis días después de que el octogenario sufriera el ACV que lo incapacitó y luego lo llevó a la muerte. Las operaciones se concretaron todas ante un mismo escribano, quien dio fe de que la entrega del dinero fue previa a la celebración de los acuerdos de compra-venta.