La jueza Paula Verónica González elevó a juicio oral la causa por el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo durante un procedimiento policial irregular en el barrio porteño de Barracas en noviembre de 2021, con 14 miembros de la Policía de la Ciudad imputados por “homicidio agravado” o “encubrimiento”.

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La magistrada, interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7, rechazó todos los planteos de oposición que habían presentado las defensas de los policías implicados y avaló así el requerimiento de elevación a juicio presentado en marzo pasado por el fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella.

Los tres principales imputados son el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva, todos ellos de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, quienes irán a juicio como presuntos coautores de los delitos de "homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial".

Además, fueron acusados de "tres tentativas de homicidio agravado por las mismas causales; falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley".

Los otros acusados son el comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana; el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán; el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos; y el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar.

Además, están el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas; los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D, Sebastián Jorge Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Dario Arévalos y Daniel Rubén Espinosa; el comisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4, Juan Horacio Romero; y el subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Vecinal, Roberto Orlando Inca.

Todos ellos como presuntos coautores de los delitos de "falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas".

Cueva e Inca también fueron acusados como coautores de "falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados".

La jueza González también resolvió mantener delegada la investigación de la causa en el fiscal Barbella, para que siga investigando la posible participación de más imputados en el hecho.