El juez federal Federico Villena intenta reconstruir que ocurrió con el Boeing 747-300M, matrícula YV3531 de la empresa venezolana Emtrasur, que se encuentra retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a cuya terminal de carga arribó el lunes 6 de junio, durante las horas que estuvo en el aeropuerto Taravella de la Ciudad de Córdoba. En principio, se habría tratado de una escala obligada por la niebla, pero algunos indicios disparan otras hipótesis.

Si bien la fiscal Cecilia Incardona, que, en principio, decidió impulsar la investigación, solicitó y consiguió del juez Villena el secreto de sumario para que no se filtren medidas de prueba. El foco de atención está puesto en lo sucedido en el aeropuerto cordobés donde, aún, no se ha logrado establecer si la extensa tripulación, compuesta por 14 venezolanos y cinco iraníes, bajó del avión, abrió la bodega y, si lo hicieron, descargaron o subieron material.

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Las sospechas se incrementan por la gravedad del hecho de haber volado desde Córdoba hacia Buenos Aires con el transponder apagado que impidió que se localice a la aeronave mientras atravesaba el espacio aéreo nacional.

Técnicos de la Asociación Personal Técnico Aeronáutico (APTA), explicaron que "el avión puede volar porque se trata de un equipo que emite una señal con un código pero no debería hacerlo. O sea que si el avión voló de esa manera es porque alguien se estaba haciendo el vivo. Desde luego que en ningún país del mundo se puede volar legalmente un avión con el transponder apagado. La Argentina no es la excepción.

A ese misterioso proceder de la tripulación del Boeing de la compañía aérea venezolana hay que sumarle el hecho del desvío a la provincia de Córdoba. Territorio emblemático en secretos militares y aeroespaciales. 

Según publicó el diario Clarín, el Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), controló a la tripulación y la carga para ver si transportaban armas u artículos prohibidos, pero comprobaron que llevaban “repuestos para autos”.

Del pedido de informes presentado por legisladores de la oposición en la Cámara de Diputados con destino al Poder Ejecutivo se desprende que la aeronave habría sido propiedad de la empresa iraní sancionada por Estados Unidos, Mahan Air, que luego lo habría transferido a la empresa estatal venezolana Conviasa, en su versión “cargo”, es decir, Emtrasur. Firma esta última también sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro del país del norte.

La oposición quiere interpelar a Cafiero, De Pedro y Aníbal Fernández en el Congreso. Juntos por el Cambio pidió saber quiénes son los catorce venezolanos y los cinco iraníes que viajaban en el avión demorado.

Julio Cobos hizo un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la situación del avión con pasajeros iraníes demorado en Ezeiza. El diputado nacional de la UCR pidió conocer "si existe o no vinculaciones con la Fuerza Qudz, perteneciente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica".

El 6 de junio pasado, el avión Boeing 747, en configuración cargo, matrícula YV3531, proveniente de México y con destino el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, no pudo aterrizar allí y se tuvo que dirigir a la ciudad de Córdoba. Ese mismo día, por la tarde, la aeronave volvió a despegar para, entonces sí, aterrizar en Ezeiza.

Luego, el miércoles 8 de junio, despegó del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y tras sobrevolar el Río de la Plata durante 20 minutos, aterrizó nuevamente en Ezeiza “por motivos desconocidos”.

El presidente Alberto Fernández se mantuvo informado con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sobre el polémico episodio del avión venezolano que aterrizó en la Argentina con cinco ciudadanos iraníes a bordo y que se encuentra retenido en el Aeropuerto de Ezeiza desde la semana pasada.

El mandatario busca que el caso no siga escalando y se transforme en un escándalo internacional, en momentos en que la Justicia Federal está actuando sobre el tema, trascendió.

En medio de los constantes contactos con el Presidente, Aníbal Fernández sostuvo este lunes que "el nombre de uno de los tripulantes coincide con un nombre de la guardia revolucionaria islámica".

En ese marco, el Gobierno se mantiene expectante frente al caso del avión iraní y en especial sobre los resultados que salgan de la investigación judicial que lleva adelante el juez federal Federico Villena, que ya instruyó a la Dirección de Migraciones a que retenga el pasaporte de los cinco iraníes que forman parte de la tripulación.

Probablemente, si en 72 horas no aparecen datos importantes que den cuenta de alguna relación con fuerzas militares iraníes, los tripulantes podrán salir del país, ya que ese plazo es el que la Justicia determinó para que se les retuviera los pasaportes a los tripulantes.

Sin embargo se ve difícil que puedan hacerlo a bordo del mismo avión que ahora está varado en Ezeiza, ya que ninguna petrolera quiere cargarles combustible por posibles sanciones de los Estados Unidos.

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Córdoba, el Proyecto Condor II y los secretos aeronáuticos

En tiempos del gobierno del presidente Raúl Alfonsín, su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, recibió un llamado del secretario de Defensa estadounidense, Frank Carlucci. En plena guerra fría le manifestó a su colega argentino, la preocupación de su país porque la CIA poseía informes sobre un misil argentino que estaba contribuyendo a desestabilizar el equilibrio militar en Medio Oriente. Si bien la política del gobierno radical era la de no exportar armas a zonas en conflicto, Estados Unidos ya presionaba por desarmar a la Fuerza Aérea y terminar con el Proyecto Cóndor que nació en 1979 y abarcaba once etapas de desarrollo hasta el denominado Proyecto Cóndor 11.

Para la académica Anabella Busso, que publicó un importante paper analizando la relación argentino-estadounidense durante la post guerra fría, la desactivación de la segunda etapa del Plan Cóndor durante la administración de Carlos Menem fue central para su relanzamiento.

"El gobierno radical continúo con el proyecto comprometiéndose a no realizar transferencia de conocimientos misilísticos a países en conflicto", escribió la autora que, además, agregó "si bien la Fuerza Aérea Argentina tenía experiencia en la investigación y desarrollo de cohetes y misiles, la misma no era suficiente para un desarrollo como el Cóndor 11".

El gobierno de Menem desmanteló el Proyecto Cóndor al alinearse a Washington y debió adherir a las nuevas pautas de seguridad vigentes, tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, donde no había cabida para un plan misilístico de esas características.

El analista internacional, Daniel Romero, publicó en totalnewsagency.com un artículo donde afirma, "En Córdoba se encuentra el asiento de los mayores secretos aeroespaciales argentinos y es donde se desarrollo el misil Cóndor, (desmantelado) entre otros, y la fuerza Cuds, a la que pertenece el avión 747, se especializa en esa rama tecnológica".

El experto se refería a la sospecha que poseen numerosos servicios de inteligencia occidentales acerca de la connivencia entre agentes iraníes y partidarios de la milicia Hezbollah, una organización musulmana chií libanesa que cuenta con un brazo político y otro paramilitar, con los militares de Cuba y Venezuela con los que trabajarían activamente. En ese contexto, el avión "invisible" investigado por la Justicia Federal, sería parte de ese entramado de relaciones.