Los cinco iraníes y 14 venezolanos que llegaron a la Argentina en un avión de EMTRASUR hace dos semanas permanecerán “por ahora” con la prohibición de salida del país pero “sin ninguna otra restricción”.

Así lo revelaron fuentes judiciales que indicaron que “la investigación del terrorismo es mucho más compleja que una causa penal común”, por lo que pronosticaron que la causa que llevan adelante la fiscal Cecilia Incardona y el juez Federico Villena tiene un largo recorrido por delante.

La fiscalía y el juzgado dejaron trascender ayer su malestar por la “filtración” del contenido del teléfono celular del piloto iraní de la aeronave, Gholamreza Ghasemi.

Pese a que la causa continúa bajo secreto de sumario, se supo que el teléfono secuestrado a Ghasemi por orden de Villena contenía una foto de su juventud como miembro de la Guardia Revolucionaria Al Quds, pertrechos militares y otras imágenes con supuestas leyendas anti israelíes.

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Hasta anoche, el peritaje de los teléfonos no había sido oficialmente incorporado al expediente, aunque verbalmente ya había sido adelantado a los investigadores.

El juez Villena está a la espera del reporte completo de todos los celulares, que ya fueron clonados y devueltos a sus dueños, no así los pasaportes y otra documentación.

Además, el juzgado también aguarda las respuestas de media docena de exhortos internacionales y de pedidos de informes internos que forman parte de la “acumulación de información” que deberá ser evaluada para la eventual formulación de una acusación contra los extranjeros.

Mientras todo ello ocurre, los venezolanos e iraníes permanecerán en la Argentina y el avión en el que vinieron continuará retenido en el Aeropuerto de Ezeiza.

Los extranjeros continúan alojados en un hotel de la localidad bonaerense de Canning y si bien no pesan sobre ellos restricciones sobre sus movimientos, una discreta guardia de fuerzas de seguridad monitorea el lugar.

Los investigadores reconocieron que “con lo que hay hasta ahora es prematuro” formular una imputación e incluso aclararon que lo que hizo la fiscal Incardona en su dictamen del martes pasado es sólo la manifestación de la necesidad de profundizar la investigación.

Los investigadores descartaron que se trate de una “excursión de pesca” (una práctica que invalida cualquier proceso judicial) y explicaron que fundamentalmente después de los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos hay una nueva matriz de investigación y prevención del terrorismo internacional que avala todo lo actuado en el episodio del avión.