El fiscal Federal Diego Luciani denunció la existencia de una asociación ilícita institucional encabezada por la vicepresidenta Cristina Kirchner en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

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Este lunes comenzó el alegato en la denominada causa Obra Pública, donde el fiscal aseguró que “al asumir Néstor Kirchner la presidencia y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentable y tristemente haya conocido el país”.

Luciani aclaró que "lo extraordinario radica en las características inusuales de la asociación, capacidad de acción merced a una división de roles perfectamente organizada", e inclusive invocó declaraciones de Alberto Fernández, cuando explicó su salida de la Jefatura de Gabinete durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido, recordó que una de las razones de Alberto Fernández fue "por lo que está pasando en la obra pública" y señaló al ex matrimonio presidencial y a su "amigo Lázaro Báez" como cabezas de la estructura de ese mecanismo de corrupción.

El fiscal también advirtió sobre la “ausencia absoluta de control por parte de los funcionarios y organismos encargados de prevenir y denunciar la comisión de este delito”.

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“Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes del estado y que fue organizada e integrada por distintos funcionarios públicos”, aseguró. 

Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 son juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

Los alegatos comenzaron el 11 de julio con la UIF, que pidió la absolución de Cristina Kirchner y de los principales acusados.

“Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, sostuvo el abogado Leandro Ventura.