La Justicia federal argentina aguarda información internacional y resultados de pericias tecnológicas antes de definir cómo seguir con la causa en la que se investiga si alguno de los tripulantes del avión de Emtrasur que llegó a la Argentina el 6 de junio pasado tenía objetivos distintos a los declarados ante autoridades de control y la Justicia: traslado de autopartes e instrucción de vuelo.

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Estados Unidos, Uruguay y Venezuela son algunos de los países a los que la Justicia argentina reclamó información sobre la cual aún no recibió respuestas; lo que constituye un freno para la investigación encarada de modo preventivo y sin que hasta acá se hubiera detectado un hecho antijurídico que permita endilgar algún delito a los imputados.

El juez federal Federico Villena dejó trascender algunos lineamientos de la investigación en el fallo del lunes pasado con el que dispuso que quedaran retenidos los pasaportes de siete de los tripulantes (cuatro ciudadanos iraníes y tres venezolanos) y ordenó la devolución de los documentos a los otros 12 (un iraní y el resto venezolanos), lo que los habilitaría a salir del país.

El juez busca determinar si, "bajo la apariencia o "pantalla" de una actividad lícita, parte de la tripulación estaría realizando maniobras ilícitas diversas e indeterminadas que afecten la seguridad nacional y regional".

El magistrado intenta establecer si algunos de los imputados están participando de maniobras de "financiando operaciones de terrorismo (concretamente con Hezbollah)" o son parte de "un plan vinculado a la organización terrorista mencionada", surge del fallo.

Al justificar el modo de conducir la investigación, el juez Villena señalo en su fallo de 267 "el derecho internacional expresa con determinación la necesidad de que los Estados adopten medidas preventivas para reprimir la preparación de todo acto de terrorismo, considerando que el primer paso para ello es la financiación".

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En línea con ese señalamiento, recordó que el caso se inicio a partir de una denuncia presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en la que se expresaban sospechas sobre los verdaderos motivos del aterrizaje del avión en la Argentina y sobre la tripulación y sus posibles vínculos con alguno de los imputados por el atentado a la AMIA.

Por estas horas, el expediente es mirado con celo desde EEUU y Venezuela: en el país del norte un tribunal del distrito de Columbia pidió incautar el avión por supuesta violación a las leyes de exportación de ese país; mientras que en Caracas, el presidente Nicolás Maduro, reclamó la devolución de la nave perteneciente a una empresa estatal del país sudamericano.

Mientras los reclamos internacionales ganan la agenda de los medios, la colaboración de los distintos países en el expediente judicial que tramita en la Argentina se hace esperar: el juez Villena, por caso, aguarda aún repuestas de Uruguay, Venezuela, Aruba, República Domincana y EEUU.

La justicia federal aún no recibió respuesta desde Montevideo a una de las consultas más importantes del expediente: por qué Uruguay no aceptó el ingreso del Boeing 747 Dreamliner de la empresa Emtrasur cuya ruta desde Buenos Aires había sido autorizada previamente.

Venezuela, por su parte, no dio respuestas a los pedidos de documentación respaldatoria de la aeronave y de la carga y descarga de pasajeros y mercadería en los meses de mayo y junio; mientras que a Aruba y República Dominicana se les solicito información vinculada al paso del avión por sus respectivos territorios.

El juez Villena también pidió más información a los Estados Unidos sobre el avión y su tripulación y al FBI en particular le solicitó que por su intermedio se le requiera información a la empresa "The Boeing Company", para que informe cual es el simulador de vuelo de aviones "Boeing 747¬300M, Dreamliner" más cercano a Venezuela.

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Entre los que aún no podrán salir del país se encuentra también el mecánico venezolano José García Contreras que el 11 de junio mantuvo una comunicación por WhatsApp en la que hizo referencia a que no les habían encontrado nada y a un tema "top secret" del que no aparecieron mayores referencias.

En el mismo fallo, el magistrado dispuso que se le devuelva el pasaporte a 12 de los tripulantes que hasta entonces tenían prohibida la salida del país y aclaró que, si bien permanecen imputados, no hay indicios en el expediente que lo habiliten a mantener la medida dispuesta; una decisión que podría ser apelada por la fiscal que había pedido que no se les devolviera el pasaporte.

Para la fiscal Cecilia Incardona la devolución del pasaporte a cualquiera de los imputados implicaba el riesgo procesal de no poder volver a tenerlos en el país en caso de que fuera necesario, por ejemplo, indagarlos, dado que ni Venezuela ni Irán extraditan nacionales.

Entre los 12 tripulantes habilitados a salir del país hay dos capitanes en formación, un oficial de vuelo en instrucción, un ingeniero en capacitación, un primer oficial, un asesor de vuelo, un asesor técnico en mantenimiento, dos encargados de la carga del avión, un encargado de la alimentación del personal un despachador de vuelos y un encargado de mantenimiento en línea del avión, según surge de la información que aportó el abogado de la defensa.

"No existe ni remotamente ni jamás existió siquiera un indicio de la comisión de delito alguno, lo cual luego de más de un mes de investigación secreta, en que esta defensa se ha tenido que manejar prácticamente a ciegas, ha salido finalmente a la luz, lo cual resulta inobjetable", había sostenido el abogado Hernán Carluccio cuando pidió que se autorice a los tripulantes a salir del país.

Al referirse a los tripulantes a los que dispuso devolverles el pasaporte, el juez Villena señaló: "Se encuentra fehacientemente acreditado en autos que todos aquellos tienen como profesión principal la aeronavegación civil, lo que conlleva el constante ingreso y egreso de distintos países en el mundo. Esta circunstancia facilitaría su extradición, en tanto, resulta altamente probable que fueran sorprendidos en otro país distinto al de su nacionalidad".