Organizaciones de profesionales, personas con discapacidad y sus familiares se unieron para denunciar las demoras registradas en el pago de las prestaciones médico asistenciales a través del Fondo Solidario de Redistribución.

El “Colectivo de Discapacidad” marchó hacia Plaza de Mayo, y la movilización se replicó en diferentes puntos del país. Denuncian que los terapistas, maestros y acompañantes no cobran desde el mes de abril, entre otras cuestiones.

La oposición ya solicitó informes para que "se recomponga de manera urgente el pago a los prestadores de servicios para personas con discapacidad en todo el país". Se trata de un pedido impulsado por la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical), junto a más de 20 legisladores de Juntos por el Cambio.

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"El Gobierno Nacional pretende ajustar y desfinanciar las prestaciones a personas con discapacidad. Sin dudas la prioridad del Gobierno está en Recoleta y no en Plaza de Mayo, donde las organizaciones se han convocado para reclamar por sus derechos", señaló Carrizo.

Frente a las versiones de "recortes", el Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, explicó que las "modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan" el área de discapacidad.

"Por lo tanto, este Ministerio no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores, y será responsabilidad de las jurisdicciones correspondientes dar las explicaciones del caso", aclararon desde la cartera.

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, señaló que “el cumplimiento de la atención integral a las personas con discapacidad es una prioridad para el Gobierno Nacional".

"El tema de discapacidad es siempre sensible y preocupa a las familias; por eso desde el Gobierno queremos llevar tranquilidad: el atraso que se produjo en los pagos a las obras sociales por las prestaciones en discapacidad, se están regularizando desde hoy”, amplió en un comunicado.

Galarraga reconoció los atrasos y afirmó que se generaron "en los pagos en las prestaciones que se financian desde la Superintendencia de Servicios de Salud y obras sociales" por "inconvenientes administrativos y ya fueron solucionados”.

"Cuando asumimos nuestra responsabilidad en 2020 muchos de los prestadores estaban fundidos y llevaban más de seis meses de atraso en recibir sus pagos, nosotros los pusimos al día y les hemos dado un incremento del 231%”, advirtió y añadió: “En agosto hemos dado un incremento del 25% en los valores arancelarios, lo que consolida a septiembre un incremento del 69%, por encima de la inflación”.