La defensa del ex subsecretario de Coordinación de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Carlos Santiago Kirchner pidió la absolución en el juicio por la Causa Obra Pública y cuestionó la actuación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Carlos Kirchner recibió el menor pedido de pena de los fiscales, dos años de prisión en suspenso, por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, el único imputado sobre el que recayó esa figura.

Los abogados Enrique Arce y Nicolás Guzmán coincidieron con la fiscalía en que Carlos Kirchner no participó de ninguna asociación ilícita.

Pero consideraron, además, que no existió tal asociación ilícita; que su defendido no incurrió tampoco en el delito de administración fraudulenta (por el que no fue acusado) ni en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuya existencia como delito también cuestionaron.

Más aún, consideraron que los fiscales erraron al acusarlo por esa figura y pedir el máximo de la pena prevista porque no tomaron en cuenta las atenuantes (por ejemplo, que no registra antecedentes penales) ni advirtieron que ese presunto delito está –según su interpretación- prescripto.

Los fiscales Luciani y Mola entendieron que la prescripción se interrumpió porque la principal acusada, Cristina Fernández de Kirchner, continúa siendo funcionaria pública y ello mantiene vigente la acción penal para todos los acusados.

Pero los defensores replicaron que “la prescripción sólo comprende a quienes hubieran participado en el delito que se le imputa al funcionario público”, y Carlos Kirchner no fue acusado por asociación ilícita, que es la figura más grave que pesa sobre Cristina Kirchner.

Arce y Guzmán sostuvieron que el último acto interruptivo de la prescripción fue la elevación de la causa a juicio oral, lo que ocurrió en 2018, es decir que desde entonces transcurrieron largamente los dos años, pena máxima para el delito que se le reprocha al acusado.

Además, los defensores consideraron que “alcanza con la prueba producida durante el juicio para demostrar la inocencia” de Carlos Kirchner, quien transcurrió dos años preso en esta causa “sin necesidad”, pues finalmente no fue acusado por asociación ilícita.

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Sobre el incumplimiento de los deberes de funcionario público, los fiscales subrayaron que es una figura que suele aplicarse cuando la acusación es vaga e imprecisa, y cuyos límites deberían reverse.

“Bastaría que un juez no fundamentara adecuadamente una orden de allanamiento para que fuera considerado un delincuente. Si un juez no está presente en una indagatoria estaría delinquiendo”, ironizaron los defensores.

En ese contexto, sostuvieron: “si les preguntáramos a los fiscales qué actos no ejecutó Carlos Kirchner no sabrían qué contestar”.