El Estado argentino volvió a reconocer su responsabilidad en la impunidad del atentado contra la AMIA, que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas. 

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Fue en una audiencia que se llevó adelante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz del reclamo que llevaron ante esa instancia los familiares de las víctimas que integran Memoria Activa, acompañados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Allí Natalia D’Alessandro, titular de la Unidad Especial de Investigación (UEI) AMIA, que depende del Ministerio de Justicia-, dejó en claro que "el Estado es responsable por no haber prevenido el atentado".

"Es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en este caso, por el armado de una acusación falsa, por la corrupción, por la falta de seguimiento de líneas de investigación, por los plazos irrazonables, por el secreto, por el encubrimiento de la verdad y por la manipulación política de la causa. Venimos a esta audiencia para manifestar un sincero reconocimiento: se extiende a todas las violaciones de derechos humanos”, fue una de las declaraciones más fuertes.

A partir de esta confesión, el tribunal internacional quedó en condiciones de dictar un condena que incluya indemnizaciones y las directivas de reencausar la investigación para el esclarecimiento del ataque terrorista.

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Memoria Activa, una de las agrupaciones de familiares de las víctimas del atentado a la mutual judía, también tuvo su momento para expresarse después de la palabra del gobierno argentino.

“Nos parece importante este reconocimiento, así como festejamos el reconocimiento en el 2005 que nos había llenado de esperanza en ese momento. El decreto del 2005 tenía un anexo que el Estado debía cumplir. Hoy estamos en el 2022. Es para nosotros alentador el reconocimiento pero nos parecerá bien cuando se traduzca en acciones concretas que sirvan para todos. Para eso va a tener que haber cambios. Me sorprende esperar que la Corte castigue al Estado para ver si el Estado se dispone a cumplir”, dijo Diana Wassner.

Vale mencionar que Memoria Activa había denunciado en 1999 junto al CELS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violación de los derechos a la vida, a la integridad física, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva. A días de cumplirse el 11º aniversario del ataque a la mutual judía, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 812/05 en donde reconocía la responsabilidad del Estado argentino por no haber esclarecido ni haber prevenido el atentado terrorista.