Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio brillaron por su ausencia en un nuevo plenario de comisiones para tratar el proyecto de Ley de Humedales, para el que habían sido invitados representantes de los gobiernos provinciales, y desde el Frente de Todos, el interbloque Federal y la izquierda cargaron duramente contra el presidente de la comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile, por "dilatar" el tratamiento.

Los gobernadores del Norte Grande, que semanas atrás lograron convencer al jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, para que se inmiscuyera en la dinámica de trabajo de las comisiones y acordara con los jefes de Juntos por el Cambio un freno a la firma del dictamen (pautada originalmente para el 22 de septiembre), no enviaron representantes (a excepción de la provincia de Buenos Aires) a la reunión conjunta de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto, pese a que habían sido invitados en reiteradas ocasiones.

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Además, la excusa que habían esgrimido los presidentes de los bloques mayoritarios cuando pactaron dejar en punto muerto el debate era que debía escucharse la opinión de las provincias en un debate tan sensible, antes de llevar el tema al recinto. Sin embargo, cuando estos últimos tuvieron este jueves la oportunidad de asistir para dejar sentadas sus posiciones, no lo hicieron, acaso jugando a hacer tiempo hasta el 20 de noviembre, fecha límite reglamentaria para emitir dictámenes en el período de sesiones ordinarias.

Luego de las exposiciones de los invitados, el presidente de la comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, quien el 28 de septiembre pasado había mantenido una acalorada discusión con Martínez por su permeabilidad al lobby de los gobernadores, anunció que el jueves que viene volvería a convocar al plenario de las tres comisiones, esta vez sí con la intención de dictaminar.

No obstante, Grosso ya no depende de sí mismo ni la de los legisladores que conforman las comisiones de Recursos Naturales y Presupuesto, ya que en caso de que Buryaile continúe desconociendo la convocatoria al plenario, no habrá posibilidad reglamentaria de dictaminar.

El escenario era muy propicio para dictaminar el 22 de septiembre pasado, ya que ese día sí estuvieron las tres comisiones representadas, no obstante lo cual el oficialismo "pisó el palito" al hacer lugar al pedido de Juntos por el Cambio de pasar a un cuarto intermedio para que los diputados pudieran estudiar más a fondo los pormenores del proyecto. La trampa se terminó de consumar el 28 de septiembre a última hora, cuando en los entretelones de la sesión que se estaba llevando a cabo en la Cámara de Diputados Martínez firmó con los líderes opositores la "vendetta".

Sin llegar a hacer un mea culpa, Martínez reconoció que desempeñó un papel central en el freno a la firma de los dictámenes, y confesó que lo hizo "vulnerando las facultades que tienen las presidenciales de las comisiones".

Después del acuerdo de Martínez con la cúpula de Juntos por el Cambio que trabó el tratamiento, Grosso intentó salir de la encerrona invitando a los gobiernos provinciales en tres oportunidades vía nota los días 6 de octubre, 13 de octubre y 27 de octubre. Los gobernadores se hicieron los desentendidos, lo cual colmó la paciencia del presidente de la comisión de Recursos Naturales, que finalmente convocó para este jueves como última instancia para que las provincias pudieran hacerse eco de sus preocupaciones sobre las implicancias del proyecto. Pero antes de sincerar su rechazo, lo cual les hubiese traído un costo político por pararse del lado de quienes hacen fuerza en contra de la agenda ambiental, prefirieron no concurrir. Sólo estuvieron la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, e intendentes de Santa Fe y Córdoba, cuyas localidades se vieron afectadas por los incendios de meses anteriores. La Rioja y Catamarca habían confirmado que iban a participar de la reunión, pero a último momento avisaron que desistían "por problemas de agenda".

El plenario se retomará el jueves que viene a las 13 hs, pero la falta de consensos con la oposición e incluso dentro del propio oficialismo avizoran un escenario complicado para quienes están a favor de la ley de Humedales.