La jueza María Eugenia Capuchetti promovió una investigación penal sobre la manipulación del teléfono de Fernando Sabag Montiel, el principal imputado por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Lo hizo después de que se conociera un informe de la Gendarmería Nacional que detalló una cadena de responsabilidades que supuestamente involucran a la Policía Federal Argentina y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la manipulación e inutilización del aparato.

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En rigor, el teléfono de Sabag Montiel fue secuestrado la misma noche del atentado y llevado al despacho de la jueza, quien ordenó que expertos de la Policía Federal extrajeran su contenido mediante la aplicación de un programa muy utilizado en causas judiciales, el UFED Premiun, de la empresa israelí Celebrite.

El contenido no pudo ser obtenido en Comodoro Py, pero la jueza recibió una información que indicaba que la Policía de Seguridad Aeroportuaria disponía de una versión actualizada del programa y que allí podría extraerse el contenido.

El aparato viajó entonces hacia el laboratorio de la PSA en Ezeiza en un vehículo conducido por un custodio personal de la jueza y acompañado por uno de sus secretarios letrados.

El secretario se bajó del vehículo en el camino porque estaba en el trayecto cercano a su domicilio y el aparato continuó viaje con el custodio.

El celular llegó en un sobre abierto, sin la cadena de custodia adecuada al laboratorio de la PSA en Ezeiza, donde los técnicos dejaron constancia de esa situación e intentaron acceder al contenido, pero no pudieron hacerlo y el aparato se reseteó a su estado original de fábrica.

El informe de Gendarmería consignó responsabilidades de ambas fuerzas de seguridad en la manipulación del aparato, pero la dirección de la investigación ya estaba a cargo de la propia jueza Capuchetti.

En virtud de esa secuencia, y tal como lo había adelantado al rechazar la recusación en su contra planteada por la querella de la vicepresidenta, una vez que obtuvo el informe de Gendarmería la jueza resolvió impulsar una investigación penal para determinar qué fue lo que ocurrió y deslindar las responsabilidades de cada parte.

La pérdida de la información del teléfono de Sabag Montiel, parcialmente recuperada por la PSA, es uno de los principales cuestionamientos de Cristina Kirchner, a través de los abogados Marcos Aldazábal y José Ubeira, contra la jueza Capuchetti.

Así, envió hoy a sorteo la causa identificada como 4322/2022, que quedó asignada al juzgado federal número uno, a cargo de la jueza María Servini.

La causa es, en realidad, una “extracción de testimonios” para la “averiguación de delito”, es decir que ante la posibilidad de que se hubiera violado alguna norma del Código Penal Capuchetti abrió una instancia de investigación ante otro tribunal.