Patricia Bullrich, presidenta del PRO realizó un anunció por redes sociales en el cual contó que presentarán un recurso de amparo Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 163 y 164, los cuales obligan a los organismos públicos a canjear sus bonos en dólares por títulos en pesos. "La medida nos deja al borde del default", avisó.

Desde el espacio opositor advierten que el canje de la deuda, la cual impulsa el Ministerio de Economía que es conducido por Sergio Massa, "fuerza a los organismos públicos a pesificar su tenencia de deuda en dólares, resulta objetivo y fácticamente ruinoso".

En el documento, dijeron que el informe advierte "que al momento de ejecutarse el canje, la calificación descenderá inexorablemente a “RD” (restricted default, es decir, un incumplimiento parcial)".

"Los tenedores de deuda del sector público deberán canjear sus “bonos en USD de ley extranjera -New York-” (USD 4.000 millones según las autoridades) por bonos en USD de ley nacional que se liquidarán en ARS. No hay más que comparar la cotización de bonos equivalentes (mismas condiciones) con ambas legislaciones para verificar el perjuicio que este cambio conlleva", señalaron.

En otro argumento, apuntaron que como en los decretos no se explícita que los bonos ley extranjera que ingresan al Tesoro serán reabsorbidos, en rigor, "estamos ante un "nuevo endeudamiento" disfrazado de "canje"".

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"Además, se exige a los organismos públicos que se desprendan de los “bonos en USD de ley nacional”, para destinar el 70% del producido a la compra de bonos en ARS y el 30% restante quedar a “libre disposición” de los organismos públicos para cubrir gastos. "¿No hay pérdida patrimonial en este caso utilizada para gastos corrientes? ¿Se va a usar con fines electorales?", plantearon. Y remarcaron que el anuncio del líder del Frente Renovador se da en un contexto donde el riesgo país superó los 2.500 puntos básicos.

Por último, instaron a Fernanda Raverta, titular de la ANSES, a "cumplir con la función de salvaguardar el interés actual y a futuro del FGS" y advirtieron que "su complicidad en la entrega y desfinanciamiento podrá generar su responsabilidad por el incumplimiento de su deber como funcionario público".