La firma, fundada en 1958 por Juan José Kank y Carlos Costilla, se dedicó durante décadas a la realización de oleoductos, cañerías y obras viales. Su proyección nacional se consolidó recién a partir de 2006, cuando fue adquirida por Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez, el contratista patagónico, vinculado con Néstor Kirchner. Según recordó el sitio ADNSur, desde entonces Kank y Costilla pasó a formar parte del entramado de constructoras utilizadas para obtener adjudicaciones millonarias en obra pública, sobre todo en la provincia de Santa Cruz.

La vinculación de la firma con Báez no fue menor: en 2008, integró junto a Austral Construcciones una Unión Transitoria de Empresas (UTE) para ejecutar la autovía entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, una de las principales obras de infraestructura de la región en ese período. La relación entre ambas compañías era, de hecho, estrecha: estaban bajo el mismo control empresarial y compartían intereses en licitaciones financiadas por Vialidad Nacional.

Las investigaciones judiciales posteriores complicaron seriamente la situación de Báez. En 2021 fue condenado a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en una causa que evaluó la entrega direccionada de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Además, recibió una sentencia adicional de 12 años por lavado de dinero, lo que consolidó su situación como uno de los empresarios más comprometidos en causas de corrupción estructural en la Argentina.

Kank y Costilla no fue ajena a esas consecuencias. En 2023, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a Martín Báez, hijo del empresario, a dos años y tres meses de prisión por retener aportes previsionales de empleados de la constructora. El fallo determinó que la firma incumplió con obligaciones básicas del sistema previsional, perjudicando a su plantel de trabajadores, en una conducta reiterada y sistemática.

A lo largo de su trayectoria bajo el mando de Báez, Kank y Costilla acumuló conflictos laborales, problemas financieros y denuncias penales. Uno de los episodios más resonantes ocurrió en 2020, cuando la Justicia investigó si la compra de la firma por parte de Austral había sido forzada. Sin embargo, el proceso concluyó con una absolución para el empresario: el entonces presidente de la constructora, Héctor Costilla, declaró que la venta fue voluntaria y motivada por la falta de rentabilidad del negocio para sus fundadores.

El remate de esta semana es, en ese marco, el punto final de un proceso que lleva casi una década. La firma, que alguna vez estuvo entre las principales contratistas del sur argentino, se encuentra ahora judicializada, desactivada y sin operatividad.