Mendoza, de de
Mendoza, de de
ARCA dejó sin efecto normas de 2012 que exigían informar ciertos movimientos. El objetivo es simplificar trámites y aliviar la carga administrativa.
El Gobierno nacional resolvió dar de baja un régimen de información que exigía declarar ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) todas las operaciones económicas realizadas entre residentes argentinos y personas del exterior. La medida quedó oficializada mediante la Resolución General 5752/2025, publicada en el Boletín Oficial, y deroga dos disposiciones que habían sido establecidas en 2012.
En el marco de un plan de simplificación normativa promovido por el gobierno de Javier Milei, la agencia tributaria decidió derogar las Resoluciones Generales N° 3.285 y 3.364. Desde el organismo aclararon que estas modificaciones se aplican "sin perjuicio de su efecto sobre los hechos ocurridos durante su vigencia".
La Resolución General N° 3.285 obligaba a reportar toda operación económica, sin importar si era gratuita, realizada entre residentes argentinos y representantes de sujetos o entes del exterior. Esto incluía a escribanos, bancos, mercados de valores, compañías de seguro, casas de cambio y otros prestadores de servicios.
Por su parte, la Resolución General N° 3.364 incorporaba actualizaciones al régimen de información, estableciendo nuevos plazos para enviar los datos y programas diseñados para facilitar la carga virtual.
Las autoridades detallaron que la eliminación de estos regímenes de información se enmarca en lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto N° 353 del 22 de mayo de 2025, que instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a realizar la revisión y simplificación de sus procedimientos de fiscalización y regímenes informativos.
El objetivo es avanzar hacia una administración pública orientada al ciudadano, basada en la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios públicos, según lo establece el Estado Nacional. Tras evaluar el impacto y la operatividad de estos regímenes, ARCA determinó que su derogación era la medida más adecuada para simplificar las obligaciones informativas.
En cuanto al papel de la agencia en este proceso, el Gobierno autorizó a su director, Juan Pazo, a implementar un modelo simplificado de manera gradual desde principios de 2025. La medida se desarrollará utilizando tanto la información disponible en el organismo recaudador como la aportada por contribuyentes, responsables y terceros, y estará destinada exclusivamente a quienes obtengan rentas de fuente argentina.
