Mendoza, de de
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El Ejecutivo redefine su plan de ajuste y proyecta miles de bajas en el Estado mediante recortes, no renovación de contratos y privatizaciones.
Tras haber reducido más de 53.000 puestos desde el inicio de la gestión, el Gobierno de Javier Milei busca replicar el ajuste aplicado entre 2023 y julio de 2025 y adicionar un 10% más de bajas en el empleo público. El plan apuesta a recortar áreas duplicadas, no renovar contratos y, en el caso de algunas empresas, avanzar con privatizaciones o concesiones.
El Ejecutivo busca recortar áreas del sector público, aunque el margen de maniobra en la administración centralizada es limitado. Durante 2024, surgieron tensiones cuando el exjefe de Gabinete Nicolás Posse redujo el porcentaje de recorte en los empleados contratados, una medida que generó malestar entre los ministros, quienes argumentaron que esos trabajadores cumplían funciones clave y no había suficiente masa de reducción.
La estrategia apunta a recortar en organismos descentralizados, que actualmente concentran alrededor de 117.000 empleados. La medida no implicará el cierre masivo de entidades, sino la eliminación de áreas duplicadas, reorganización interna y la no renovación de contratos. Se prevé que este segmento absorba más de la mitad del ajuste, lo que implicaría la eliminación de entre 15.000 y 16.000 puestos (un 13% de su plantilla).
El segundo grupo bajo revisión son las empresas y sociedades del Estado, con cerca de 90.000 trabajadores. Para alcanzar el recorte total del 10%, este sector deberá reducir entre 12.000 y 13.000 puestos, lo que representa un ajuste de aproximadamente el 14%. El Gobierno contempla privatizaciones, concesiones o liquidaciones de empresas como alternativa para reducir personal sin despidos directos.
La "motosierra 2.0", coordinada por la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desregulación, avanza con el respaldo del Presupuesto 2026, que centraliza la autorización de vacantes y refuerza el congelamiento de ingresos. El ajuste se ejecutará de manera gradual durante los primeros trimestres del próximo año.
Ante la posibilidad de nuevos despidos, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) evalúa adelantar un paro nacional, que originalmente estaba previsto para cuando el Congreso trate la reforma laboral. "El sector público no resiste más ajustes. Exigimos la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre", afirmó su secretario general, Rodolfo Aguiar.
