Mendoza, de de
Mendoza, de de
Javier Milei dispuso que todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas". Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior.
El gobierno de Javier Milei avanzó este viernes en la reforma de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y le otorgó mayores potestades en medio de las denuncias y preocupación de la oposición por el cada vez mayor empoderamiento de los servicios de Inteligencia en un Estado que apuesta por adoptar características policíacas.
Así quedó plasmado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del mandatario libertario y de todos los integrantes de su Gabinete.
Allí, el gobierno de Milei introduce una profunda reforma de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 que incluye cambios estructurales en la organización, funciones y conducción del sistema.
Entre los considerandos de la medida, el Gobierno señaló que la reforma apunta a eliminar superposiciones normativas, ordenar competencias, fortalecer los controles internos y mejorar la articulación entre organismos, en un contexto marcado por nuevas amenazas tecnológicas, criminales y geopolíticas. El Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de actuar con rapidez y recurrió a un DNU ante la imposibilidad de esperar el trámite legislativo ordinario.
Más allá de los cambios en las estructuras, lo relevante es lo que se habilita en la práctica. Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la inteligencia nacional revisten "carácter encubierto en virtud de su sensibilidad", dice el DNU 941/2025. Quienes estaban analizando el texto miraban con extrañeza que se usara la palabra "encubierto" y no "secreto". Durante el macrismo, casi todas las actividades de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tenían carácter secreto.
Además los ministerios, organismos y entes descentralizados pasan a ser sujetos activos de contrainteligencia. La SIDE podrá exigir, además, información a todas las agencias del Estado.
Otro cambio clave es la separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. El DNU crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), como organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que será la autoridad nacional en materia de protección del ciberespacio, infraestructuras críticas y activos digitales estratégicos. En paralelo, la ex Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, enfocada exclusivamente en la producción de inteligencia en el dominio digital.
En materia de seguridad estratégica, la norma dispone que la Agencia de Seguridad Nacional cambie su denominación por Agencia Nacional de Contrainteligencia, y redefine sus funciones para orientarlas exclusivamente a la identificación y análisis preventivo de amenazas, como espionaje, sabotaje, injerencia e influencia extranjera, evitando superposiciones con las tareas de investigación criminal de la Policía Federal Argentina.
El decreto también introduce una definición explícita de la contrainteligencia dentro de la ley, incorporando un nuevo artículo que detalla su alcance y establece la obligación de aplicar medidas pasivas de seguridad en todo el Sector Público Nacional, bajo responsabilidad de los titulares de cada organismo.
Otro punto relevante es el ordenamiento de la inteligencia militar. El DNU dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, y transfiere sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de eliminar una superposición histórica y mejorar la eficiencia del sistema.
En cuanto a los controles internos, la División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para realizar auditorías, investigaciones internas, inspecciones y evaluaciones sobre el uso de recursos, la eficacia operativa y la integración funcional de los organismos que integran el sistema.
La reforma también refuerza el poder de conducción de la SIDE, que será el órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional, con facultades para aprobar presupuestos, controlar gastos de inteligencia -incluidos los gastos reservados- y centralizar la designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados.
