Mientras el fuego continúa avanzando en la provincia de Chubut, con dos focos activos en los alrededores de Cholila, la Justicia Federal puso la lupa sobre la gestión oficial de la emergencia. La Sede Fiscal Descentralizada de Esquel confirmó que se encuentra en curso una investigación para determinar la actuación y eventual responsabilidad penal de los funcionarios competentes en el manejo del fuego. El proceso busca establecer si hubo falencias graves en la respuesta inicial ante los siniestros que afectan a la región patagónica.

Denuncias de pobladores y sospechas de incumplimiento oficial

La causa principal se centra en los incendios forestales detectados el pasado 9 de diciembre en el brazo sur del lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces. Según precisó el Ministerio Público Fiscal, desde el inicio del siniestro se han recopilado informes técnicos elaborados por el comando de incidentes. A esta documentación se sumó, un mes después, una denuncia presentada por vecinos de la zona quienes exigen que se investigue la posible comisión de delitos como el incumplimiento de los deberes de funcionario público y otras figuras penales ambientales.

La situación judicial se agravó el pasado 22 de enero, cuando la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces formalizó una nueva denuncia penal. En esta presentación se acusa a las autoridades por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Los denunciantes sostienen que existió un contexto de imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos y leyes especiales durante las etapas críticas del combate de las llamas.

Desde la fiscalía a cargo del fiscal federal Santiago Roldán indicaron que la investigación se encuentra en pleno desarrollo. Las autoridades judiciales aclararon que se están solicitando todas las hojas de ruta y registros de recursos asignados para contrastarlos con el avance del fuego. El objetivo es determinar si los recursos disponibles fueron utilizados de manera eficiente o si hubo demoras injustificadas que permitieron la propagación del incendio hacia zonas protegidas.

Un punto delicado de la pesquisa es avanzar sin entorpecer los operativos actuales. "La investigación se encuentra en curso, cuidando a la vez de no afectar las tareas de combate del fuego que actualmente se están llevando a cabo", señalaron desde el organismo judicial. Esta cautela responde a la necesidad de no retirar personal clave de las líneas de fuego para prestar declaración mientras la emergencia ambiental en Cholila y áreas aledañas sigue fuera de control.

El impacto de estos incendios ha generado una fuerte indignación en la comunidad local, que reclama mayor inversión y previsión en el sistema de lucha contra el fuego. La resolución de esta causa federal podría marcar un precedente importante sobre la responsabilidad civil y penal de los administradores de parques nacionales y brigadas provinciales. Por el momento, la Justicia continúa recolectando testimonios de brigadistas y peritos ambientales para reconstruir la cronología del desastre.