La Casa Rosada decidió elevar al máximo la tensión institucional tras los graves disturbios ocurridos frente al Congreso nacional durante el tratamiento de la reforma laboral. Bajo la premisa de que los incidentes no fueron simples manifestaciones, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que el Ejecutivo formalizó una denuncia penal que busca encuadrar los hechos bajo las figuras de terrorismo y atentado al orden constitucional. Para el Gobierno, la violencia registrada excedió cualquier derecho a la protesta social.

Acusación de sedición y búsqueda de responsables

La denuncia surge como respuesta directa a los enfrentamientos entre grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad, que incluyeron ataques con piedras y daños severos al mobiliario público. Desde el entorno presidencial sostienen que estas acciones respondieron a un plan organizado para impedir el normal funcionamiento democrático. Por este motivo, la presentación judicial escala a una acusación de sedición, considerando que hubo un intento de amedrentamiento público para frenar el debate legislativo.

Manuel Adorni fue el encargado de comunicar la medida con un tono tajante, asegurando que cualquier agresión hacia el Palacio Legislativo representa un límite infranqueable. El jefe de Gabinete enfatizó que atacar una institución de la Nación y agredir a los efectivos policiales constituye un delito grave que el Estado no está dispuesto a pasar por alto. La estrategia oficial busca ahora acelerar las detenciones para identificar a quienes participaron de los desmanes.

En la presentación judicial se solicitó formalmente el cruce de cámaras de seguridad y el relevamiento de registros en redes sociales para dar con los autores materiales e intelectuales de los incidentes. El objetivo del Gobierno es que la Justicia actúe con celeridad para desarticular lo que consideran células de agitación política. Esta medida se suma a la doctrina de seguridad que la gestión viene implementando desde el inicio de su mandato frente a la conflictividad en las calles.

La frase de cierre utilizada por Adorni, "el que las hace, las paga", resume la postura punitiva que busca sentar un precedente para futuras sesiones. Con esta denuncia, el oficialismo intenta desincentivar nuevos focos de violencia en el marco de las reformas estructurales que aún deben pasar por las cámaras. En Balcarce 50 confían en que el peso de la ley recaerá sobre las organizaciones que movilizaron durante la jornada de tensión.