En medio del acelerado tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, un artículo comenzó a concentrar la mayor controversia y podría convertirse en uno de los puntos de mayor resistencia política y judicial: el que modifica el régimen de licencias por enfermedad.

Se trata del Artículo 44 del proyecto, que introduce cambios sustanciales en el actual artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), referido a las licencias por enfermedades o accidentes inculpables -es decir, aquellas que no se derivan del trabajo-.

Qué cambia en el pago de las licencias

Hasta ahora, un trabajador que se enferma o sufre un accidente fuera del ámbito laboral tiene derecho a cobrar el 100% de su salario durante el período de licencia legal (tres o seis meses, según antigüedad y cargas de familia).

Con la nueva redacción, ese esquema se modificaría e introduce un sistema de pagos escalonado:

50% del salario si el empleador considera que la imposibilidad de trabajar fue producto de una "actividad voluntaria y consciente que implicara algún riesgo en la salud".

75% del salario si se determina que no existió una actividad riesgosa voluntaria.

Según el proyecto, en ningún caso se mantiene el 100% del sueldo durante la licencia.

El punto más debatido es justamente la definición de qué constituye una "actividad voluntaria y consciente que implique riesgo". Ejemplos como lesionarse jugando al fútbol el fin de semana o practicando deportes extremos podrían quedar alcanzados por la reducción al 50%.

El núcleo del conflicto

Especialistas en derecho laboral advierten que la redacción es "altamente subjetiva" y podría abrir la puerta a una fuerte litigiosidad. La pregunta central es quién define qué conducta implica riesgo y bajo qué criterios objetivos.

Desde sectores sindicales sostienen que la norma otorga a los empleadores un margen de interpretación amplio que impacta directamente sobre el salario del trabajador en un momento de vulnerabilidad.

En cambio, desde el ámbito empresario argumentan que la medida busca desalentar el ausentismo y reducir los costos derivados de licencias prolongadas por causas ajenas al trabajo.

¿Puede frenar la reforma?

El debate sobre este artículo se perfila como uno de los más sensibles en el Congreso. Si bien el oficialismo busca evitar modificaciones para que el proyecto no vuelva a la Cámara de origen (el Senado), la presión política y sindical podría concentrarse en este punto.

Además, de aprobarse tal como está redactado, todo indica que la Justicia laboral deberá intervenir para fijar jurisprudencia y delimitar los alcances reales del nuevo artículo 208.