El Gobierno Nacional acelera las negociaciones en la Cámara de Diputados para blindar el proyecto de reforma laboral y asegurar su sanción definitiva antes del próximo jueves. La Libertad Avanza (LLA) tiene un objetivo político claro: que el presidente Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias el 1 de marzo con la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil ya aprobados. Para lograrlo, debe evitar cualquier modificación al texto que obligue a devolver la iniciativa al Senado, lo que retrasaría los planes oficiales.

El conflicto por el artículo 208 y la búsqueda de aliados

El punto de mayor fricción es la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece una reducción en el pago de salarios por enfermedades o accidentes no laborales. Según el texto actual, tras los tres meses de licencia, el empleado pasaría a cobrar el 50 por ciento del sueldo (o el 75 por ciento si tiene cargas de familia), sin especificar excepciones para patologías graves. Para destrabar el conflicto, Patricia Bullrich y Martín Menem analizan alternativas que permitan garantizar el pago del 100 por ciento en casos críticos mediante certificados fehacientes o juntas médicas, pero sin alterar la redacción aprobada en la Cámara Alta.

La estrategia de LLA consiste en convencer a bloques como la UCR, el PRO y Unidos de que cualquier ajuste se resuelva durante la reglamentación o vía una ley complementaria. Hasta el momento, el oficialismo cuenta con un piso de 127 legisladores entre propios y aliados de Fuerzas del Cambio e Innovación Federal. Sin embargo, persisten dudas en sectores del radicalismo y en el bloque Unidos, donde las abstenciones de los representantes cordobeses y jujeños podrían comprometer la votación de este capítulo específico.

Si no se alcanza un consenso para mantener el texto original, el Gobierno maneja un "plan B": introducir los cambios en la sesión del jueves, enviar el proyecto al Senado el viernes 20 y buscar un dictamen express para ratificar las modificaciones el 27 de febrero. Este escenario es el que el Ejecutivo intenta eludir a toda costa, ya que depende de una coordinación perfecta y tiempos legislativos extremadamente ajustados en la Cámara Alta.

El acuerdo debe estar sellado antes del miércoles al mediodía, ya que a las 14 horas se reunirá el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto. Tras una ronda de consultas, se emitirá el dictamen que llegará al recinto el jueves. La jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, mantienen contactos permanentes para pulir la letra chica que satisfaga a los sectores dialoguistas sin romper el equilibrio del proyecto.

En Mendoza, el desenlace de esta negociación se sigue con atención, dado el impacto que la reforma tendrá en el sector privado local. Las próximas 48 horas serán determinantes para saber si el oficialismo logra imponer su postura o si la presión de los bloques opositores moderados logra forzar una revisión en el esquema de licencias pagas, un derecho que se ha convertido en la principal moneda de cambio de esta semana parlamentaria.