La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este lunes que convocará a un paro general para la misma jornada en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo. La decisión se tomó durante una reunión virtual de urgencia que comenzó a las 11, en pleno feriado, con el fin de unificar criterios frente al avance legislativo de la Casa Rosada. La huelga se activará de forma automática una vez que se defina la fecha de la sesión para convertir la iniciativa en ley.

La presión por el transporte y el frente sindical dividido

Para asegurar el éxito de la medida, la conducción cegetista busca garantizar la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El objetivo es que no haya servicio de colectivos durante la protesta para aumentar el impacto del cese de actividades, aunque se aclaró que esta paralización del transporte afectaría principalmente a Buenos Aires y no tendría el mismo alcance en Mendoza. La presión sobre el gremio de los choferes es constante desde temprano, ya que su participación es vista como el factor determinante para el alcance de la huelga.

Por su parte, el gobierno de Javier Milei apuesta a acelerar el dictamen este miércoles para llevar el proyecto al recinto el jueves. No obstante, las negociaciones con los bloques aliados por puntos sensibles, como los cambios en las licencias por enfermedad, podrían dilatar el cronograma. De no haber consenso inmediato, la sesión se postergaría para la semana próxima, probablemente el miércoles 25, fecha en la cual se materializaría el cuarto paro general durante la actual gestión presidencial.

La convocatoria llega en un clima de fuertes tensiones internas dentro del arco gremial. La movilización de la semana pasada en el Senado, que no contó con un llamado formal a huelga por parte de la CGT, dejó expuestas las grietas con sectores más combativos. Grupos como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), las dos CTA y el sindicato de Aceiteros ya habían impulsado un frente propio con cese de actividades, marcando una postura mucho más dura que la de la central de la calle Azopardo.

Entre las críticas más feroces a la cúpula de la CGT destacó la de Daniel Yofra, titular de Aceiteros, quien calificó a la central obrera como un "perro que no muerde". Estas declaraciones reflejan el descontento de las bases y de sindicatos estratégicos que exigen un plan de lucha más agresivo frente a las reformas estructurales que propone el oficialismo. La decisión del paro busca, en parte, responder a estos cuestionamientos y recuperar el liderazgo de la protesta social.

En definitiva, las próximas 48 horas serán cruciales para definir el mapa de la conflictividad en el país. Mientras el oficialismo intenta cerrar acuerdos en el Congreso para sesionar el jueves, el sindicalismo prepara una demostración de fuerza que dependerá, en gran medida, de la unidad de los gremios del transporte. Mendoza, en tanto, observa con atención el desarrollo de las paritarias locales y el posible impacto de una jornada de protesta nacional que promete paralizar la actividad económica en los principales centros urbanos.