El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley clave para endurecer los controles sobre las pensiones no contributivas por invalidez, como parte de la reforma de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa del presidente Javier Milei busca reorganizar profundamente el régimen actual, argumentando que el número de beneficiarios creció de manera desproporcionada en las últimas dos décadas. Según los datos del Ejecutivo, se pasó de 76.000 pensionados a cerca de 1,2 millón, lo que encendió alertas sobre posibles fraudes o inconsistencias en la asignación de estas prestaciones estatales.

Auditorías obligatorias y cambios en los montos de cobro

El proyecto establece un reempadronamiento obligatorio para actualizar la información de todos los titulares actuales. Para verificar que los beneficios estén bien otorgados, se realizarán auditorías médicas periódicas y un cruce de datos masivo con distintos organismos del Estado, analizando la situación socioeconómica y laboral de cada beneficiario. El texto habilita formalmente la posibilidad de suspender o dar de baja de manera inmediata las pensiones en caso de detectar inconsistencias o incumplimientos en los requisitos legales vigentes.

Otro de los puntos que genera mayor impacto es la redefinición del monto de la prestación, que pasará a ser equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, el proyecto introduce nuevas incompatibilidades, especialmente con el empleo formal, lo que endurece las condiciones para acceder y, sobre todo, para sostener el beneficio en el tiempo. Estas medidas buscan, según el Gobierno, mejorar la focalización del gasto público y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes cumplen con los criterios de vulnerabilidad y discapacidad.

Actualmente, estas pensiones son administradas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que quedará a cargo de ejecutar los nuevos controles dentro del sistema de seguridad social. El avance de esta iniciativa se da en un escenario de fuertes cuestionamientos sobre el funcionamiento administrativo del sector. Desde el Ejecutivo nacional sostienen que la ley es una herramienta necesaria para preservar los recursos públicos y garantizar la equidad, eliminando las irregularidades detectadas en los últimos años.

Se anticipa un debate sumamente tenso en el Congreso de la Nación, donde las distintas fuerzas políticas deberán discutir el equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Mientras el oficialismo presiona por un control más rígido para evitar el desvío de fondos, los sectores opositores y organizaciones sociales miran con preocupación el recorte en los montos y las trabas para la inserción laboral de los beneficiarios. El tratamiento parlamentario definirá el futuro de uno de los pilares de la asistencia social en Argentina.