El gobierno del presidente Javier Milei tomó la drástica decisión de prohibir este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada. La medida surge como respuesta a un presunto caso de "espionaje ilegal" vinculado a la filtración de una grabación realizada por el canal TN, que fue emitida el pasado domingo. A través de un breve mensaje de difusión, las autoridades comunicaron que se decidió quitar las huellas dactilares a los cronistas de manera preventiva, mientras avanza una denuncia penal impulsada por la Casa Militar contra los responsables de dicha filmación.

Reempadronamiento y restricciones tras la denuncia por espionaje

Desde el Ejecutivo justificaron la restricción argumentando que se encuentra en curso una investigación judicial por los videos difundidos en el programa de Luciana Geuna. En este contexto, se informó que las acreditaciones que vencieron el último día de marzo y que contaban con una prórroga provisoria durante abril han quedado sin efecto. Según fuentes oficiales, el acceso a la sala de prensa permanecerá inhabilitado para todos los periodistas hasta que se complete un nuevo proceso de reempadronamiento anual, del cual aún no se han brindado fechas precisas.

El periodista mendocino Gustavo Abu Arab, corresponsal de Aconcagua Radio en la Casa de Gobierno, relató en primera persona que la situación escaló luego de que alguien realizara una emisión directa desde el interior del edificio. Para las autoridades de seguridad, este acto representó un exceso que motivó la denuncia federal presentada por Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar. El argumento central de la fuerza es que no pueden realizarse filmaciones de ese tipo en sectores restringidos para ser emitidas al aire sin previa autorización.

Esta medida de exclusión no es un hecho aislado en la relación del oficialismo con la prensa. Días atrás, otro grupo de comunicadores ya había enfrentado prohibiciones de ingreso bajo la sospecha oficial de participar en una supuesta campaña de origen ruso contra el mandatario nacional. Sin embargo, la suspensión total de los accesos biométricos representa el punto de mayor tensión hasta el momento, dejando a los acreditados que cubren habitualmente la actividad presidencial fuera de su lugar de trabajo habitual.

Por el momento, la incertidumbre reina en los pasillos de la sede gubernamental respecto a la duración de esta medida técnica. Mientras se aguarda la resolución judicial sobre la denuncia de espionaje, la Casa Rosada permanece con sus puertas cerradas para la prensa acreditada, un hecho que genera preocupación en las distintas asociaciones de trabajadores de medios de comunicación. La falta de acceso directo a la información oficial en la sede del Poder Ejecutivo marca un fuerte antecedente en la política de comunicación de la actual gestión.