El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, se encuentra en el centro de una tormenta judicial tras revelarse que posee un patrimonio no declarado en los Estados Unidos.

La investigación periodística inicial, confirmada luego por registros oficiales, detectó que el funcionario omitió informar sobre la titularidad de varios departamentos en el estado de Florida y la existencia de sociedades comerciales en otras jurisdicciones.

Según la información recolectada, el funcionario posee entre siete y ocho propiedades en el sur de Florida, específicamente en localidades como Lantana, West Palm Beach y South Palm Beach. Las valuaciones de estas unidades oscilan entre los 140.000 y 310.000 dólares cada una.

Frugoni habría adquirido la mayoría de estos bienes entre 2020 y 2022, periodo en el que se desempeñaba como presidente de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Además de los inmuebles, el funcionario es titular de dos sociedades de responsabilidad limitada: Genova LLC y Wiki LLC (también referida como Wika o Waki LLC), constituidas en los estados de Wyoming y Delaware.

Estas empresas habrían sido utilizadas como vehículos para la administración de los departamentos fuera del radar de las autoridades argentinas.

Pedido de disculpas e historial

Ante la revelación de estas irregularidades, Frugoni reconoció la situación alegando una equivocación personal. "Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué", admitió, asegurando que ahora incluirá los bienes en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la agencia de recaudación ARCA.

Sin embargo, el historial del funcionario complica su defensa de un "error" involuntario. En agosto de 2025 y marzo de este año, la Oficina de Integridad Pública de la Ciudad ya lo había sancionado con multas superiores al millón y medio de pesos por no presentar sus declaraciones juradas correspondientes a su paso por AUSA.

Actualmente, Frugoni enfrenta un escenario judicial complejo en Comodoro Py. Existen dos denuncias en su contra: una recayó en el juzgado de Ariel Lijo (quien ya investiga otros patrimonios del entorno gubernamental) y otra en el de Daniel Rafecas.

La Ley de Ética Pública obliga a los funcionarios a declarar todos sus bienes, tanto en el país como en el exterior, bajo pena de incurrir en delitos contra la administración pública.

Designado por el ministro Luis Caputo para manejar áreas sensibles como licitaciones y concesiones de rutas nacionales, la situación de Frugoni genera ruido interno en el Gobierno, que busca distanciarse del escándalo mientras la justicia avanza sobre el origen de los fondos y la omisión maliciosa de su patrimonio.