El Gobierno avanza con una reforma de la Ley de Semillasy prepara una resolución para reforzar los controles antes de enviar un proyecto al Congreso.

En el Ejecutivo advierten que el tema forma parte de la agenda que Javier Milei mencionó en la apertura de sesiones ordinarias y que ya hay conversaciones abiertas con entidades del campo y del sector semillero.

El tema ya forma parte de una mesa de trabajo entre el Gobierno, la producción y las entidades vinculadas a semillas. La próxima reunión está prevista para el 9 de junio y en Nación la presentan como una instancia para acercar posiciones antes de abrir la discusión legislativa.

La hoja de ruta oficial, por ahora, es avanzar primero con una resolución de fiscalización y dejar para después el proyecto de reforma de la ley.

La decisión apunta a ordenar un frente que combina productividad agropecuaria, propiedad intelectual, uso propio de semillas y controles estatales. El Gobierno considera que la Argentina necesita actualizar el marco normativo para incentivar inversiones en biotecnología y nuevas variedades, pero sabe que el tema abre una negociación delicada con productores, semilleros y entidades rurales.

La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 20.247 fue sancionada en 1973 y mantiene un equilibrio que el campo defiende con fuerza: reconoce derechos de los obtentores, pero también permite el uso propio, es decir, que el productor reserve parte de su cosecha para volver a sembrarla en la campaña siguiente. Ese punto es el corazón de la disputa.

El debate se aceleró por el acuerdo comercial con Estados Unidos, que incluye avanzar hacia estándares más fuertes de protección de la propiedad intelectual.

En ese marco aparece la discusión sobre UPOV-91, el convenio internacional que amplía los derechos de los obtentores vegetales. La Argentina está adherida al acta UPOV-78, considerada más flexible para el productor por el margen que deja para el uso propio.

Los semilleros y empresas de innovación sostienen que el régimen actual desalienta la inversión en nuevas variedades y limita el ingreso de tecnología al país. En ese sector argumentan que la falta de protección efectiva reduce la posibilidad de mejorar rindes, capturar valor en origen y competir con países que ya tienen reglas más estrictas sobre propiedad intelectual vegetal.

Las entidades agropecuarias plantean otra mirada. La Mesa de Enlace acepta discutir una actualización de la ley, pero busca preservar el uso propio y evitar un esquema que derive en pagos múltiples o en una transferencia excesiva de renta hacia los obtentores.

En su propuesta, las entidades plantearon mantener el uso propio gratuito hasta determinado umbral de superficie y establecer reglas claras para los casos en los que haya uso propio oneroso.

Uno de los puntos que se discute es el límite de 500 hectáreas que propuso el sector productivo para mantener el uso propio gratuito. Por encima de ese piso, se abriría la posibilidad de un esquema de pago sólo sobre la superficie excedente.

También se analizan la cantidad de años de multiplicación, el alcance de las regalías, el rol del Estado en la fiscalización y los mecanismos para evitar abusos contractuales entre privados.

La resolución que prepara el Gobierno apunta a reforzar la fiscalización antes de modificar la ley. En términos prácticos, el Ejecutivo busca mejorar los controles sobre el origen legal de la semilla, la trazabilidad, las declaraciones de uso propio y el cumplimiento de las obligaciones vigentes.

El foco está puesto en reducir la informalidad del mercado y limitar la llamada "bolsa blanca", como se conoce a la semilla comercializada o reutilizada por fuera de los circuitos declarados.

En Nación creen que ese paso puede funcionar como una señal hacia ambos lados. A la industria semillera, le mostraría que el Estado está dispuesto a controlar mejor el uso de tecnología protegida.

A los productores, les permitiría separar la discusión de fiscalización de la reforma legislativa más profunda, que todavía requiere consenso y puede abrir resistencias en el Congreso.

El Instituto Nacional de Semillas será una pieza central en ese esquema. El organismo tiene competencia sobre la aplicación de la Ley de Semillas, la inscripción de cultivares, la fiscalización de la producción y comercialización y la protección de las creaciones fitogenéticas.

En el campo reclaman que cualquier cambio legal venga acompañado por un INASE con capacidad real de control, reglas claras y mecanismos que no terminen trasladando toda la carga al productor.

La próxima reunión del 9 de junio será clave para medir el nivel de avance. En el Gobierno buscan mantener sentados en la misma mesa a la producción y a la industria semillera, aunque reconocen que las posiciones todavía están lejos en algunos puntos. Las entidades rurales piden que el texto que llegue al Congreso sea consensuado y no una imposición cerrada desde el Ejecutivo.