Con el grueso de la "motosierra" de Javier Milei ya aplicado, el Gobierno enfrenta, de cara a lo que resta de 2026 y hasta el final de su mandato, un escenario en el que la sostenibilidad del equilibrio fiscal depende cada vez más de la recaudación tributaria. La combinación de una industria en retroceso, el costo fiscal de la reforma laboral y las exigencias del FMI configura un esquema más frágil de lo que reflejan las cifras acumuladas.

En los programas de estabilización, el equilibrio fiscal constituye una condición necesaria más que un objetivo en sí mismo. Su función es evitar que el déficit derive en emisión monetaria o en una acumulación de deuda que termine erosionando la confianza en la moneda. Bajo esa lógica, el gobierno de Javier Milei colocó el saneamiento de las cuentas públicas en el centro de su estrategia económica desde el inicio de la gestión. Sin embargo, los instrumentos y márgenes disponibles cambiaron de manera sustancial entre 2024 y 2026. Así lo señala el último informe del Grupo CREA, vinculado al sector agropecuario argentino.

El ajuste sobre el gasto público

Durante el inicio del mandato, el ajuste se concentró principalmente en el gasto público. La administración redujo el gasto estatal del 19,6% del PBI al 15%, mediante recortes transversales que alcanzaron prácticamente a todas las partidas: infraestructura (-1,2% del PBI), jubilaciones (-0,6%), programas sociales (-0,6%), subsidios (-0,6%), salarios públicos (-0,6%) y transferencias a las provincias (-0,6%). Como resultado, en 2024 se obtuvo un superávit primario equivalente al 1,8% del PBI. A ello se sumó una reducción del 1,75% en el pago de intereses, lo que permitió alcanzar además un superávit financiero del 0,3% del producto.

En 2025, la reducción del gasto continuó, aunque con menor intensidad (-0,44% del PBI). Las prestaciones sociales mostraron una leve recuperación, impulsada principalmente por la mejora en las jubilaciones (+0,6% del PBI), mientras que los subsidios energéticos volvieron a retroceder (-0,5% del PBI). Aun así, el resultado fiscal primario se mantuvo en terreno positivo por segundo año consecutivo y cerró en 1,39% del PBI.

Los límites del ajuste y las exigencias del FMI

El ingreso a 2026 marca, según el análisis del Movimiento CREA, el comienzo de una segunda etapa cualitativamente distinta. Las posibilidades de seguir reduciendo el gasto se han vuelto cada vez más limitadas. Partidas como infraestructura y transferencias a provincias ya se encuentran en mínimos históricos. En el caso de las jubilaciones, cualquier nuevo recorte requeriría una reforma legislativa, con el consecuente costo político y social.

En materia de subsidios, el encarecimiento del petróleo derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán erosionó parte del ahorro previsto a partir de la actualización tarifaria impulsada durante la primera mitad del año. A eso se suma una exigencia específica del Fondo Monetario Internacional: que la AUH y la Tarjeta Alimentar cubran al menos el 95% de la canasta básica, una condición que el Gobierno incumplió en la última revisión del programa.

En este contexto, el gasto público acumulado en lo que va del año apenas retrocedió un 0,3% del PBI. Cabe señalar que, pese a los recortes aplicados, el nivel de gasto todavía se ubica dos puntos del PBI por encima del promedio previo a 2007, cuando comenzó la expansión sostenida del Estado.

La preocupación por la caída de los ingresos

La atención del equilibrio fiscal comenzó entonces a desplazarse hacia el lado de los ingresos. Y allí las señales son menos alentadoras. En 2025, la eliminación del impuesto PAIS, que representaba el 1,1% del PBI, sumada a una caída general de la recaudación tributaria (-0,8% del PBI), impidió que el superávit primario fuera mayor.

Este año, aunque el crecimiento económico proyectado del 3% debería traducirse en una mejora de la recaudación, sectores de fuerte incidencia sobre el IVA, el principal tributo del sistema, con el 34% del total recaudado, continúan mostrando números negativos. La industria y el comercio, que en conjunto representan el 53% del IVA bruto, acumulan una caída interanual del 2%. A su vez, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que la reforma laboral tendrá un costo fiscal anualizado equivalente al 0,47% del PBI.

Como resultado, la recaudación acumulada durante los primeros cinco meses del año se ubica 0,6% del PBI por debajo del mismo período de 2025. Si se consideran los ingresos coparticipados ya distribuidos, Ganancias e IVA, la brecha respecto del año anterior alcanza el 0,45% del PBI en el primer cuatrimestre.

Retenciones y tensión con el sector agropecuario

En este marco, el Gobierno anunció una nueva reducción de los derechos de exportación agroindustriales. Las retenciones sobre trigo y cebada descenderán del 7,5% al 5,5% a partir de junio de 2026. Desde enero de 2027, la soja y sus subproductos reducirán su alícuota en 0,25 puntos porcentuales mensuales, mientras que el maíz y el sorgo lo harán en forma trimestral.

De mantenerse esa trayectoria, la alícuota sobre el poroto de soja finalizaría el año en 21%, el nivel más bajo desde abril de 2002. El costo fiscal total de estas medidas se estima en 0,005% del PBI para 2026 y en 0,05% para 2027.

El anuncio fue recibido con reservas dentro del sector agropecuario. Por un lado, la reducción aplicada sobre trigo y cebada fue considerada parcial. Con un costo fiscal prácticamente marginal, 0,04% del PBI, sin contabilizar compensaciones por otros tributos ni eventuales aumentos de producción, podría haberse eliminado directamente el esquema de retenciones sobre esos cultivos.

La discusión adquiere mayor relevancia si se considera que la guerra entre Estados Unidos e Irán impulsó un aumento del 42% en el precio de los fertilizantes, un componente que representa cerca del 40% del costo de producción del trigo. En paralelo, la reducción prevista para la soja fue interpretada como demasiado gradual y figura entre las más moderadas implementadas hasta ahora.

El desafío fiscal hacia adelante

Detrás de estas decisiones aparece un debate de fondo vinculado a las prioridades sectoriales. El Gobierno condiciona las rebajas impositivas a la agroindustria al sostenimiento del equilibrio fiscal y al cumplimiento de sus metas, pero al mismo tiempo otorgó condiciones diferenciales y más favorables a sectores como el minero y el petrolero a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Actualmente, el superávit primario acumulado alcanza el 0,5% del PBI, apenas 0,1 puntos por debajo del registrado en igual período del año pasado. La meta oficial fijada en el Presupuesto 2026 es del 1,5% del PBI, aunque el FMI acordó una exigencia algo menor, del 1,4%.

Para alcanzar ese objetivo, el organismo internacional impulsa una reforma tributaria orientada a ampliar la base del impuesto a las Ganancias, unificar alícuotas del IVA y reducir la brecha entre la recaudación proveniente del monotributo y la del trabajo formal.

El informe concluye que el Gobierno enfrenta la necesidad de arbitrar entre tres objetivos cada vez más difíciles de compatibilizar: continuar reduciendo el gasto público, sostener los ingresos tributarios y avanzar simultáneamente en una baja de la presión impositiva sobre el sector privado.