Mendoza, de de
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También exigirá una cláusula de actualización automática y medidas para recuperar el poder adquisitivo perdido.
El Gobierno nacional convocó a una nueva paritaria y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigirá ante la Administración Pública Nacional una suma fija de $400.000, incrementos por encima de la inflación y una cláusula de actualización automática para evitar nuevas pérdidas del poder adquisitivo.
La reunión fue convocada para el 18 de junio al mediodía y marcará el inicio del nuevo período paritario correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, que regirá entre junio de 2026 y mayo de 2027.
De cara al encuentro, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo: "Es imperiosa la necesidad de que se otorgue una suma fija para recomponer rápidamente los ingresos más bajos de la administración. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios públicos no tiene antecedentes cercanos y ya no permite cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación o vestimenta".
También planteó que la propuesta oficial debe contemplar aumentos que superen la evolución de los precios y la incorporación de una cláusula gatillo que garantice actualizaciones automáticas en caso de aceleración inflacionaria.
"Además debe existir una propuesta de recuperación del poder de compra perdido, que supera el 40%. Si eso no ocurre, será difícil alcanzar un entendimiento", advirtió.
Según el gremio, durante el período paritario anterior los salarios del sector registraron una mejora acumulada del 21%, mientras que la inflación del mismo lapso alcanzó el 33,2%, lo que dejó una diferencia de 12,2 puntos porcentuales. Además sostienen que la pérdida salarial acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei supera el 40%.
Entre los principales reclamos que llevará a la negociación figuran una recomposición salarial por encima de la inflación, la implementación de una suma fija de $400.000, la reactivación de la cláusula gatillo, la apertura de todos los convenios colectivos del sector público y la reactivación del Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral (FOPECAP).
En este contexto, ATE exigirá el cese de los despidos en el Estado, la reincorporación de los trabajadores cesanteados y la derogación de la Ley 27.802, a la que cuestiona por considerar que perjudica los derechos laborales del sector.
