Los cambio de gestión suele generar incógnitas en cuanto a qué medidas implementará quien asuma el mandato. Una de estas medidas del recién electo presidente, Javier Milei, esta generando interrogantes sobre cuál podría ser el impacto si llegara a aplicarse de modo abrupto, y es qué sucederá cuando se eliminen los controles de precios.

Desde hace un tiempo, están “congelados”, es decir, se les autorizan subas mensuales por debajo de la inflación general a ciertos productos de consumo masivo, a través del programa Precios Justos, que a fines de 2022 se extendió a los combustibles. En cuanto a las tarifas de servicios públicos, continúan subsidiadas para un gran número de hogares y las prepagas tienen aumentos controlados.

El Estado también interviene en el tipo de cambio oficial y hay leyes que regulan los aumentos en otros sectores, como el de los alquileres, mercado que hoy tiene un índice de actualización automático.

De eliminarse estos diversos controles de precios e intervenciones, algunos plantean que se producirá una importante suba de la inflación cuyo impacto en distintos sectores será variable, aunque también plantean ciertos análisis, la efectividad de las medidas.

PRECIOS DE SUPERMERCADOS 

El programa Precios Justos cumplió un año, este fue lanzado en reemplazo de Precios Cuidados, que nació en enero de 2014. El más reciente elevó considerablemente el número de productos de supermercado incluidos -pasó de menos de 500 a unos 1.800- y con el tiempo se fue extendiendo a carnicerías, verdulerías; y diversos rubros, como indumentaria, calzado, hogar y construcción, motos y electrodomésticos, entre otros.

En sus comienzos, los artículos debían tener un valor congelado durante cuatro meses, cuando empezó a acelerarse la inflación, se permitieron subas de un 5% mensual. Como ese porcentaje queda bastante lejos de la evolución del IPC, las empresas han manifestado reticencia a participar y son muy pocos los productos con la identificación de Precios Justos que se pueden encontrar en las góndolas.

De ahí que el economista Jorge Day, del Ieral (Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, de la Fundación Mediterránea), advierte que, según cuántos sean los productos del programa que tome el Indec para medir la inflación, si desaparecieran va a observarse un fuerte aumento en el rubro alimentos. Pero como los precios funcionan como referencia de qué conviene producir y comprar, si subieran, crecería la producción y habría más variedad para elegir. 

COMBUSTIBLES

En noviembre de 2022, los combustibles fueron incorporados a Precios Justos. En este caso, se acordaron con las petroleras topes de aumentos que oscilaban entre el 3,5 y el 4%. Con la devaluación posterior a las PASO presidenciales, las empresas aplicaron subas del 12,5% y el Gobierno nacional planteó el congelamiento hasta el 31 de octubre, a cambio de ciertos beneficios fiscales.

Los primeros días de noviembre, las expendedoras aumentaron un 10% los combustibles y los faltantes comenzaron a resolverse. A fin de mes, volvieron aplicar una nueva suba, también del orden del 10%.

SERVICIOS PÚBLICOS

Desde que se aplicó la segmentación tarifaria, el subsidio en las tarifas públicas dejó de ser para todos los hogares del país. Hay que recordar, que en diciembre de 2019, apenas asumió Alberto Fernández, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva estableció el congelamiento de las tarifas de electricidad y gas natural para todos los usuarios, con independencia de su capacidad adquisitiva. Y, con la pandemia, se fue prorrogando hasta que, en mayo de 2022, se propuso el esquema de diferenciación por nivel de ingresos.

La eliminación de los subsidios fue paulatina pero total para un segmento de altos ingresos, parcial para el de medianos y se sostuvo plenamente para los hogares de bajos ingresos. Se estima que, de quitarse la bonificación por parte del Estado nacional, los usuarios del nivel más bajo pasarían a pagar un 120% más por la boleta de gas y un 169% por la luz.

En el transporte público, el costo del servicio se sostiene con 72% de aportes del Gobierno provincial, 13% de recaudación por tarifa y 15% de aportes del Estado Nacional. El precio del boleto pasó de los $80 que costaba hasta fines de octubre a $120 y arrancó diciembre con una nueva suba, que lo llevó a $160. Desde el Ejecutivo provincial, han afirmado que, de quitarse los subsidios, su valor rondaría los $750.

PREPAGAS

El aumento de las cuotas de medicina prepaga está regulado desde 2011, ya que la ley 26.682 estableció, en su artículo 17, que “la Autoridad de Aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales”. La Superintendencia de Servicios de Salud autoriza las subas y desde las prestadoras insisten que esto provoca un retraso en la actualización, que se agravó por el congelamiento en 2020.

Este año, en febrero se implementó un esquema de aumentos que fija que los afiliados que perciban hasta seis salarios mínimos tendrán incrementos menores. Para ello, cada mes deben completar una declaración jurada sobre sus ingresos. En setiembre, se estableció que los valores no se iban a modificar durante 90 días para quienes no tengan capacidad económica, es decir, no superen los $2 millones brutos mensuales.

Milei enviará al Congreso una "ley ómnibus"con múltiples reformas 

El senador formoseño de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, dijo que el paquete de normas llegará al Parlamento el 11 de diciembre.

PERSPECTIVAS

Day comentó que “lo sano es que no haya controles de precios. Que estén libres y la gente decida cuánto producir y qué consumir”. Agregó, que los congelamientos o topes de aumentos distorsionan el mercado y terminan generando desabastecimiento, porque a las empresas no les conviene producir esos productos.

“Pasar a una economía normal va a tener un costo”, indicó el economista. Además, consideró que se va a producir un salto inflacionario cuando se liberen los precios, pero para retomar ritmos más normales después. Expresó que la nueva gestión debería aplicar una política de shock de inmediato, aprovechando la diferencia de votos en el balotaje, que manifiesta el apoyo de la gente, en lugar de esperar y perder credibilidad.

Otro economista, Gustavo Reyes, evaluó la evolución que podría tener la inflación el año próximo, tomando tres escenarios: uno en el que no se realicen reformas sustanciales en el rumbo de la política económica, otro en el que los cambios queden “a mitad de camino” y un tercero en el que, luego de “un fuerte ajuste en los precios relativos durante la primera parte del año, y de las reformas imprescindibles para salir de la estanflación, en la segunda parte de 2024 la economía empezaría a recuperar los niveles de consumo de la mano de una mejora en el poder adquisitivo de los salarios”.