El brutal asesinato a balazos de la periodista y candidata a gobernadora regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conmociona a Perú y escala hacia una grave crisis institucional. 

El crimen, perpetrado en pleno acto de campaña antes de los comicios de octubre, desató una ola de indignación popular que acorrala al Poder Ejecutivo.   

Presión internacional de la ONU y cuestionamientos a la Policía

En el marco de la Asamblea General en Nueva York, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó formalmente al gobierno peruano una investigación urgente para evitar la impunidad. El organismo internacional exigió garantías de seguridad tanto para los comunicadores como para el desarrollo del proceso electoral.   

El caso golpea directamente a la administración de Keiko Fujimori, cuya popularidad experimentó una abrupta caída en las encuestas tras el silencio oficial y el incremento sostenido de homicidios en los últimos dos meses. 

Diversos sectores políticos de oposición solicitaron la renuncia del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, ante las denuncias sobre la fuerza pública.La conmoción se intensificó al recordarse que la periodista, conocida en redes como "La China Polo", había denunciado públicamente amenazas previas. La víctima investigaba presuntos esquemas de corrupción y connivencia de sectores policiales con bandas criminales, dejando el expediente en el centro de un polvorín político.