FARC, el partido político que sucedió a la antigua organización guerrillera de la misma sigla, pidió perdón público hoy a las miles de personas a las que raptó en Colombia, manifestó su arrepentimiento por el “dolor” y las “humillaciones” que les infligió, y admitió que “el secuestro fue un gravísimo error”. 

“El secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos”, dijo la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, sucesora de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en una declaración.

El partido, surgido de la disolución del grupo guerrillero como consecuencia del acuerdo de paz alcanzado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en 2016, agregó que “el secuestro hirió de muerte” la “legitimidad y credibilidad” de su lucha armada.

El mensaje aseguró que comprende el dolor que el grupo causó a “tantas familias” y resaltó el caso de Andrés Felipe Pérez, un niño de 12 años que murió de cáncer en 2001 mientras su padre, un cabo de policía, estaba secuestrado y luego sería asesinado en un supuesto intento de fuga.

“Sentimos como una daga en el corazón la vergüenza que nos produce no haber escuchado el clamor de Andrés Felipe Pérez; no podemos devolverles el tiempo arrebatado para evitar el dolor y las humillaciones que les causamos a todos los secuestrados”, expresó el comunicado.

Decenas de exguerrilleros de las FARC están respondiendo por delitos atroces ante el tribunal especial creado en virtud del acuerdo de paz que permitió la desmovilización de unos 13.000 rebeldes, incluidos unos 7.000 combatientes.

La justicia de paz investiga más de 20.000 secuestros por parte de rebeldes que depusieron las armas, entre ellos los de cientos de uniformados y varios políticos como la colombo-francesa Íngrid Betancourt, quien pasó seis años en cautiverio antes de ser liberada en una operación militar en 2008.

Los responsables de la antigua organización guerrillera podrán evitar la cárcel si confiesan sus crímenes, reparan a sus víctimas y se comprometen a no volver a ejercer la violencia, y en caso de que incumplan podrían recibir penas de hasta 20 años de cárcel.

Además del secuestro, los antiguos jefes rebeldes están rindiendo cuentas por reclutamiento de menores entre otras acciones.

Aunque el desarme de las FARC alivió sensiblemente la violencia en Colombia, todavía operan grupos armados -incluso algunos exmiembros de esa organización, disidentes del acuerdo de paz- que se financian del narcotráfico y en las últimas semanas desataron una ola de masacres y asesinatos que también cuentan entre sus víctimas a exguerrilleros.