El Tribunal Constitucional (TC) de Perú devolvió este jueves la vigencia al indulto de 2017 en favor del ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por dos masacres bajo su gestión, por lo que el ex mandatario debería quedar libre.

El Tribunal declaró “fundado” el recurso de la defensa de Fujimori contra la sentencia que anuló el indulto humanitario que en diciembre de 2017 le concedió el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, como parte de un acuerdo legislativo para evitar ser destituido del cargo.

Los seis integrantes del TC votaron divididos en 3, y el magistrado Augusto Ferrero –titular del cuerpo- usó su voto de desempate a favor del ex presidente, de 83 años y cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos.

El hábeas corpus había sido interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema de dejar sin efecto el beneficio de la Navidad de 2017, que, según la prensa, fue producto de un acuerdo entre Kuczynski y Kenji Fujimori, uno de los hijos del encarcelado ex mandatario.

El indulto había sido anulado en octubre del 2018, por decisión de la Corte que, además, pidió su captura inmediata y posterior encarcelamiento.

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La Corte argumentó entonces que las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta tenían resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y no se adecuaban a las condiciones de un indulto humanitario porque se trataba de crímenes de lesa humanidad.

Fujimori sufre reiteradas dolencias que motivaron ya varias internaciones. Recurrentemente padece problemas respiratorios y neurológicos (parálisis facial) e hipertensión.

Su última internación fue el 3 de este mes, en coincidencia con el inicio de un nuevo juicio en su contra, esta vez por las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres entre 1996 y 2001.

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En esa causa, Fujimori y sus ex ministros Eduardo Young, Marino Costa y Alejandro Aguinaga están imputados como presuntos autores de "la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves seguidas de muerte en un contexto grave de violación de derechos humanos”.