Tras presentarse la acusación, el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, solicitó la autorización para poder interrogar al ex mandatario en México, país que le brinda asilo.
La denuncia formal, que exige las penas máximas por estos crímenes, fue presentada por el ministro provisional de Gobierno, Arturo Murillo.
"Las pruebas están claras", defendió Murillo, en referencia a un video que dio a conocer ayer, donde supuestamente Morales fomenta los piquetes en las ciudades para forzar la salida del nuevo Ejecutivo.
En la víspera, Murillo había calificado la supuesta orden de Morales como "crimen de lesa humanidad" por el que iban a denunciarlo ante tribunales internacionales.
Sin embargo, el gobierno interino optó finalmente por presentar la acusación ante la justicia boliviana, que también inició investigaciones contra otros miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), partido del ex gobernante.
La decisión de que sean el Ministerio Público y los tribunales locales los que investiguen el tema aporta mayor manejo de los tiempos procesales y le permiten al gobierno de Áñez buscar una herramienta, como podría ser una orden de detención, que inhiba la posibilidad de que Morales regrese a Bolivia en el corto plazo.
En tanto, la policía boliviana arrestó a Gerardo García, vicepresidente del Movimiento por el Socialismo (MAS), el partido del depuesto presidente Evo Morales, mientras que se dictó orden de captura para una de sus ministras.