Al menos cuatro personas fueron detenidas y más de 100 allanamientos ordenados por el Supremo Tribunal Federal, la máxima Corte de Brasil, en el marco de un megaoperativo en siete estados contra un movimiento alineado al presidente Jair Bolsonaro para desconocer las elecciones ganadas por el mandatario electo, Luiz Inácio Lula da Silva, y reclamar un golpe de Estado.

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Según informó la Policía Federal, las medidas fueron ordenadas por Alexandre de Moraes, titular de la Corte electoral y miembro del Supremo Tribunal Federal que lleva adelante un proceso sobre los actos antidemocráticos de la extrema derecha desde 2021.

El operativo está enfocado en las personas vinculadas a la financiación y ejecución de los bloqueos de rutas, destrucción del patrimonio público y privado, amenazas a la población y atentado contra la Constitución ocurridos en todo el país tras la victoria de Lula sobre Bolsonaro en el balotaje del 30 de octubre.

Los cuatro detenidos, entre ellos un diputado regional, son del estado de Espírito Santo, en la región sudeste.

Los allanamientos se realizaron en domicilios de empresarios vinculados al agronegocio y al transporte de cargas en Brasilia y en los estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná y Santa Catarina, todos bastiones del bolsonarismo.

El Partido Liberal de Bolsonaro envío un informe al tribunal electoral apuntando fallas en las urnas electrónicas, lo que fue rechazado por todo el arco político, incluidas las fuerzas políticas que apoyaron la fracasada reelección de Bolsonaro.

El mandatario todavía no reconoció públicamente la derrota ni felicitó al vencedor del comicio.

El juez Moraes había congelado cuentas bancarias de 43 empresarios del transporte que financiaban los actos y bloqueaban rutas pidiendo un golpe de Estado tras la victoria de Lula.

El operativo judicial ocurre luego de que el lunes por la noche grupos bolsonaristas incendiaran micros y automóviles en el centro de Brasilia como parte de las protestas contra la asunción de Lula, prevista para el 1 de enero.

El futuro ministro de Justicia de Lula, Flavio Dino, aseguró que la ceremonia de traspaso de mando estará resguardada de posibles actos de protestas de sectores bolsonaristas.