El sucesor de Dina Boluarte asumió la presidencia por sucesión constitucional tras la vacancia aprobada por el Congreso.
La investigación incluyó también al empresario Marco Antonio Cardoza Hurtado, tío político de Jerí. Aunque el fiscal supremo Tomás Gálvez archivó el caso contra el hoy presidente por falta de pruebas suficientes, el proceso contra Cardoza continúa abierto.
En el contexto de ese mismo caso, un juzgado civil ordenó que Jerí se sometiera a tratamiento psicológico por "??impulsividad y conducta sexual patológica"?. El incumplimiento de esa medida judicial derivó en una investigación penal por presunta desobediencia a la autoridad.
El Ministerio Público analiza si fue notificado de la orden y si la inasistencia fue deliberada. El proceso sigue vigente y genera dudas sobre el respeto a mandatos judiciales por parte del nuevo jefe de Estado.
Durante su paso por la Comisión de Presupuesto del Congreso, Jerí fue vinculado a un presunto cobro de sobornos. La empresaria Blanca Ríos denunció que operadores de su entorno habrían recibido S/150.000 para incluir un proyecto de Cajamarca en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.
Según reportes periodísticos, existirían audios y conversaciones que lo involucran. Jerí separó de su equipo al asesor Nahum Hidalgo y aseguró estar dispuesto a colaborar con las indagatorias.
La llegada de Jerí al Ejecutivo ocurre en medio de cuestionamientos ciudadanos, divisiones políticas y un historial judicial abierto. Su designación ha reactivado el debate sobre la vacancia presidencial y la legitimidad de las sucesiones constitucionales.
En su discurso de asunción, el nuevo mandatario hizo un llamado a la reconciliación y planteó la seguridad ciudadana como su principal prioridad. Sin embargo, su situación personal y los procesos pendientes seguirán marcando el desarrollo del gobierno de transición.