La Ley de Amnistí­a para la Convivencia Democrática, aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, contemplaba la liberación de cientos de personas que fueron procesadas o condenadas por delitos relacionados con hechos polí­ticos durante 27 años de chavismo.

La ley fue impulsada por Rodrí­guez, quien asumió la presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense a principios de enero.

Dí­as después de la operación contra Maduro, el Gobierno anunció la liberación de "??un número importante"? de personas como una señal para consolidar la paz y convivencia, según dijo entonces.

La medida fue ampliamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y por un sector de la oposición debido a su alcance, ya que dejaba fuera a militares y a personas que hubieran participado en acciones armadas o de fuerza contra el paí­s.

Además, aunque el texto habí­a establecido que su aplicación cubrí­a el perí­odo entre 1999 y 2026, en la práctica su alcance se habí­a limitado a 13 momentos especí­ficos de crisis polí­tica ocurridos desde 2002.

Esta delimitación, señalaron organizaciones como Foro Penal, implicaba que quedaban excluidos numerosos casos de detenciones registradas en al menos 15 de los últimos 27 años, así­ como también los hechos vinculados a operaciones militares.

Figuras de la oposición venezolana como el exdiputado Juan Pablo Guanipa, polí­tico cercano a la lí­der y premio Nobel de la Paz Marí­a Corina Machado, que fue excarcelado tras la aprobación de la ley, cuestionaron la medida por considerarla "??excluyente"?.

"??Es una ley chucuta porque es corta, porque no tiene alcance, porque no abarca todo, porque no es adecuada"?, dijo el exdiputado de la Asamblea Nacional en febrero durante una entrevista en el programa Conclusiones.

El lí­der opositor dijo en ese momento que, más que una ley, se necesitaba "??voluntad polí­tica"? para liberar a los presos polí­ticos, garantizar el regreso de los exiliados y avanzar hacia elecciones que restituyan la democracia en Venezuela.

Apenas este miércoles, el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión que velaba por el cumplimiento de la Ley de Amnistí­a, dijo en su cuenta de X que 8.616 personas que se encontraban detenidas o con medidas cautelares sustitutivas de prisión recuperaron su libertad desde la entrada en vigor de la ley hace dos meses.

Sin embargo, la organización Foro Penal presentó cifras más bajas sobre el impacto del mecanismo. "??Desde el 8 de enero de 2026, se han producido 768 excarcelaciones de presos polí­ticos, de las cuales solo 186 han ocurrido como consecuencia de la amnistí­a"?, señaló la organización en su cuenta de X el 21 de abril.

"??Si el gobierno tiene otros datos, con gusto los verificamos, pero no se ha publicado un informe oficial con la lista de los favorecidos por la amnistí­a"?, dijo en X Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal.

Por su parte, el presidente de la ONG, Alfredo Romero, cuestionó la efectividad de la medida y afirmó: "??Lamentablemente, la Ley de Amnistí­a está sirviendo más que para agilizar la libertad de presos polí­ticos, como un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos presos polí­ticos que hoy son 485"?.