Mendoza, de de
Mendoza, de de
Cuenta con una amplia trayectoria en la investigación de causas de alto impacto en la provincia.
El fuero federal de la provincia sumó un cambio de relevancia institucional tras la publicación oficial de la medida dictada por el Poder Ejecutivo nacional. El fiscal federal Fernando Alcaraz pasó a integrar la Unidad Fiscal Mendoza en el cargo de Fiscal General, luego de recibir el acuerdo correspondiente del Senado de la Nación y la promulgación del decreto presidencial número 628 en el Boletín Oficial.
Con 50 años de edad, el magistrado acumula una extensa trayectoria en la Justicia federal, ámbito en el que se desempeña desde 1997. Sus primeros pasos profesionales los dio dentro de la Defensoría Pública Oficial, para luego incorporarse en 2007 al Ministerio Público Fiscal. En 2015 asumió como fiscal federal titular en la provincia de San Juan tras ganar el concurso correspondiente.
A lo largo de su carrera, Alcaraz lideró investigaciones penales de gran trascendencia pública en la región. En suelo mendocino tuvo a su cargo el esclarecimiento del crimen del empresario Diego Aliaga en 2021, expediente que desencadenó la histórica causa judicial que culminó con la destitución y condena por hechos de corrupción del exjuez federal Walter Bento, junto a familiares, abogados y expolicías.
Asimismo, desde 2017 condujo las pesquisas en torno a expedientes emblemáticos sobre desapariciones forzadas de personas en democracia. Entre ellas se destacan los casos de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, ocurridos en 1990 en el Parque San Martín, y el de Cristian Guardati en 1992, causas en las cuales logró el requerimiento para llevar a juicio oral y público a exintegrantes de las fuerzas de seguridad.
El desempeño del Fiscal General abarca además la persecución de delitos vinculados a la trata de personas y al crimen organizado transnacional. En la provincia de San Juan, solicitó recientemente una pena de 12 años de prisión para los acusados de explotar sexualmente a 37 mujeres mediante plataformas digitales.
En Mendoza, en tanto, impulsó la investigación que derivó en el pedido de elevación a juicio oral para 34 personas imputadas por integrar una red dedicada al tráfico ilícito de armas entre Argentina y Chile. Su incorporación a la estructura local busca reforzar la instrucción de causas complejas en la jurisdicción.
