Mendoza, de de
Mendoza, de de
Contempla multas elevadas, arresto y suspensión de licencias según el tipo de sustancia.
La diputada provincial Macarena D’Ambrogio, integrante del bloque de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley para endurecer las sanciones a quienes conduzcan bajo los efectos de estupefacientes en Mendoza. La iniciativa busca modificar la Ley de Tránsito 9024 y el Código Contravencional para evitar que los infractores eludan los controles viales.
Entre los puntos más destacados del texto figura la obligatoriedad de someterse al narcotest. En caso de que un conductor se niegue sin justificación a realizar la prueba, la conducta será tipificada como una falta gravísima, produciendo exactamente los mismos efectos administrativos y penales que un resultado positivo.
La propuesta establece una clasificación según la peligrosidad de la sustancia detectada. Para el consumo de cannabis, considerado de bajo riesgo, se prevén multas de hasta 6.000 Unidades Fijas e inhabilitación para manejar de 30 a 180 días. En tanto, para drogas de riesgo medio y alto como cocaína, anfetaminas o la combinación con alcohol, las penas escalarían hasta las 11.000 Unidades Fijas, arrestos de hasta 120 días y la inhabilitación por un máximo de 545 días.
Asimismo, el proyecto prohíbe que el arresto o el pago de la multa puedan ser sustituidos por trabajos comunitarios. Quienes resulten sancionados por estas contravenciones deberán realizar de forma obligatoria cursos de capacitación, prevención y conducción responsable.
Respecto a la operatividad de los controles, la iniciativa aclara que los vehículos secuestrados por alcoholemia o consumo de drogas no se devolverán hasta que el infractor cumpla la totalidad de la sanción impuesta. En cuanto a las licencias, los conductores reincidentes sufrirán un recorte en la vigencia de su registro, que pasará de diez a cinco años.
Para brindar garantías en los operativos, se exigirá a los inspectores confeccionar un acta previa donde dejen asentado al menos un signo físico visible de alteración, como problemas de coordinación o anomalías oculares. De aprobarse la norma, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días para reglamentar los dispositivos homologados y las sustancias alcanzadas.
