Ademas, ratifican que el arbol frente a la vivienda es bien publico y sancionaran las podas clandestinas.
La reglamentacion de los cambios en la ley de arbolado publico marca un hito en la gestion de los forestales urbanos de Mendoza. La normativa busca descentralizar las decisiones en los municipios para agilizar los tramites administrativos y reafirma que los ejemplares ubicados en las veredas son de propiedad estatal.
El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, señalo que los cambios buscan dar libertad de accion a las comunas, pero exigiendoles mayor previsibilidad tecnica. Las intendencias deberan presentar planes a cuatro anos, prever obras publicas, adecuar nichos y promover policultivos, descartando especies como el olmo o el eucalipto para zonas urbanas.
Desde el Gobierno provincial desmitificaron la necesidad de cortar las ramas todos los anos. Haudet explico que una mala intervencion debilita al ejemplar y genera mayores perjuicios, por lo que las podas correctivas deben realizarse cada cuatro anos y exclusivamente por personal profesional, siendo la erradicacion la ultima opcion posible.
Ante reclamos por danos en veredas o interferencias con servicios, los vecinos deberan iniciar la solicitud por las vias oficiales de cada comuna. Un ingeniero agronomo o forestal evaluara el caso y, si se aprueba la erradicacion por riesgo, el municipio estara obligado a replantar al menos tres nuevos arboles para compensar el impacto.
Sanciones a frentistas y emergencias
Un punto clave de la reglamentacion es que los municipios quedan facultados para sancionar directamente a los frentistas que poden, mutilen o intervengan los arboles por cuenta propia. Aunque el forestal este frente a una casa o haya sido plantado por el residente, la titularidad legal es exclusivamente del Estado.
Por ultimo, las autoridades aclararon que ante situaciones de riesgo inminente o emergencias graves, la prioridad sera la seguridad de las personas. En esos casos, cualquier organismo competente podra intervenir de inmediato para neutralizar el peligro, dejando los pasos administrativos para una instancia posterior.