Los ministros de Seguridad y Educación presentaron ante un plenario de diputados y senadores los principales lineamientos del proyecto que adapta el Régimen Penal Juvenil Provincial a la nueva legislación nacional. La propuesta establece un nuevo marco normativo integral para los jóvenes que cometan delitos y suma herramientas orientadas a evitar la reincidencia y favorecer la reinserción.
Mendoza avanza en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil con un proyecto de ley que busca adecuar el sistema provincial a la Ley Nacional 27801 y establecer nuevas pautas para la intervención del Estado ante adolescentes en conflicto con la ley penal. La propuesta fue analizada durante un plenario de diputados y senadores, donde la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, defendieron sus principales lineamientos.
En el encuentro participaron además el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y la subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes, Verónica Álvarez.
Uno de los ejes del debate fue la necesidad de establecer una respuesta legal acorde frente a los delitos cometidos por adolescentes. En ese sentido, Rus sostuvo que el nuevo esquema debe combinar la intervención penal con herramientas que permitan evitar nuevas conductas delictivas. "Queremos que estos jóvenes tengan consecuencias ante los delitos que cometen", detalló.
La ministra también vinculó la reforma con el objetivo de garantizar la seguridad de los mendocinos y remarcó que la intervención estatal debe alcanzar a todos los que cometan delitos, incluidos los jóvenes que ingresan al sistema de responsabilidad penal juvenil.
"Queremos la tranquilidad de los mendocinos, y eso implica ir contra todos quienes la irrumpen sin contemplaciones. Cuando digo todos, también me refiero a estos jóvenes que hasta ahora se creían impunes y habilitados a delinquir. Estamos trabajando en un proceso que no busca solamente abordarlos desde lo penal, sino también brindarles herramientas para que no vuelvan a delinquir", agregó.
Resocialización y reinserción
La propuesta incorpora la resocialización y la reinserción como objetivos centrales del sistema. Para Rus, estos aspectos no son ajenos a la política de seguridad, sino que forman parte de una intervención destinada a reducir la reincidencia y ofrecer herramientas para que los jóvenes puedan reconstruir sus proyectos de vida.
"Esta ley apunta directamente a la resocialización y la reinserción de estos jóvenes. Esto es útil para la seguridad y también para la reconstrucción de la vida de cada uno de estos jóvenes, cortando la trayectoria delictual", destacó.
Juicio conjunto entre mayores y menores
Por otra parte, la funcionaria explicó el alcance del artículo 59, referido al juicio conjunto en causas en las que intervienen adultos y adolescentes sometidos al sistema de responsabilidad penal juvenil. Según señaló, la regla prevista por el proyecto es la realización de un único juicio.
La disposición alcanza a las causas en las que intervienen personas mayores de edad y jóvenes sometidos al sistema de responsabilidad penal juvenil, es decir, desde los 14 años y antes de cumplir los 18.
En estos casos, el artículo establece una integración especial del tribunal, conformado por dos magistrados del Tribunal Penal Juvenil y un magistrado de la Justicia ordinaria.
"Como regla, el juicio conjunto de mayores y menores es único y está establecido en el artículo 59. Para esos casos se prevé una integración especial del tribunal", explicó la ministra.
Por otra parte, cuando el coimputado mayor de edad deba ser juzgado mediante juicio por jurados, el adolescente será juzgado por el Tribunal Penal Juvenil. Esto se debe a que la Ley 9106, que regula el juicio por jurados, no incluye al sistema penal juvenil. En estos casos, se mantiene lo establecido por la Ley 6354, que dispone que "el Tribunal en lo Penal de Menores juzgará todos los delitos".