Mendoza, de de
Mendoza, de de
La problemática impulsó un proyecto de ley nacional para eliminar las condenas en suspenso.
El consumo de alcohol al volante se consolida como una de las principales preocupaciones en materia de seguridad vial en Mendoza. Datos oficiales revelan que, entre el 1° de enero y el 1° de septiembre de 2026, la Policía Vial y los municipios realizaron 77.263 controles de alcoholemia, detectando un 2,87% de conductores que circulaban con graduación alcohólica en sangre, lo que equivale a casi 3 de cada 100 evaluados.
Dentro del universo de infractores detectados este año, 1.167 conductores arrojaron entre 0,2 y 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre, derivando en la confección de un acta vial. Sin embargo, la mayor preocupación se concentra en los 1.056 casos que superaron el umbral de 1 gramo por litro, nivel a partir del cual el accionar pasa a un proceso contravencional por la gravedad del riesgo generado.
La persistencia de conductores con altos niveles de intoxicación —con registros que en ocasiones han superado más de cuatro veces el límite legal— reavivó el debate sobre las sanciones. Ante este escenario, los diputados nacionales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri presentaron un proyecto de ley en el Congreso para reformar el Código Penal y endurecer de forma drástica los castigos por delitos viales.
La iniciativa busca crear por primera vez la figura de delito autónomo para la conducción con alcoholemia elevada. El eje central de la reforma apunta a modificar el artículo 84 bis para que las penas de homicidio vial básico tengan un piso de 3 a 5 años de prisión, lo que impediría que los responsables accedan a condenas de ejecución condicional o excarcelaciones.
En el caso de los homicidios viales agravados por consumo elevado de alcohol, exceso de velocidad o fuga, las penas propuestas van de 4 a 10 años de cárcel, sumando inhabilitaciones para conducir de hasta 12 años y frenando la prescripción de las causas mientras la condena se encuentre bajo revisión judicial.
Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que el refuerzo de los puestos de control en rutas y accesos resulta clave para prevenir siniestros graves, mientras que la reforma legislativa busca garantizar que las conductas de alto riesgo al volante reciban una respuesta penal proporcional al daño provocado.
